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Corte IDH otorga medidas provisionales para Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri

Violeta Granera es la única mujer a la que la Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua sea liberada. Fotografía: Archivo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas provisionales para los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y los activistas opositores Violeta Granera y José Adán Aguerri, por lo que requirió al Estado de Nicaragua  “que proceda a la liberación inmediata” de estos.

“El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y libertad personal de las cuatro personas identificadas, así como de sus núcleos familiares. El Tribunal recuerda que la adopción de estas medidas provisionales no prejuzga la responsabilidad estatal por los hechos informados”, dice la Corte IDH.

 De acuerdo a la resolución el Estado de Nicaragua deberá informar a la Corte IDH a más tardar el 8 de julio del presente año, sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. “Con posterioridad, el Estado deberá presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión”, señala la resolución.

La disposición de la Corte IDH fue a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la que ese tribunal concluyó  “que hay suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad, y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los señores Chamorro García, Aguerri Chamorro, Maradiaga Blandón y de la señora Granera Padilla”.

En su solicitud la CIDH refirió, que a pesar que estos mantienen medidas cautelares, las cuales les fueron otorgadas entre 2018 y 2019, estos continúan en situación de riesgo que se incrementó en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país y que particularmente buscan participar de las elecciones generales de noviembre de 2021 desde los espacios políticos de oposición que representan.

“Y ello debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones, la posterior falta de información del Estado sobre el paradero y condiciones de detención de los propuestos beneficiarios, su situación actual de incomunicación, así como el alegado delicado estado de salud y la falta de acceso a medicamentos y atención en salud requerida por la mayoría de ellos”, señala la Corte IDH.

Además menciona que toda esta situación, junto con los actos de hostigamiento también afectan gravemente a los núcleos familiares de las cuatro personas señaladas, “además, la falta de información acerca de la situación procesal, tal como el ocultamiento del lugar de detención, la imposibilidad de asistencia jurídica de abogados de confianza, la incomunicación prolongada, la condición de políticos activos de las personas detenidas, sumado todo esto al contexto ya mencionado, lleva a la conclusión de que se trata, prima facie, de detenciones arbitrarias, lo cual, dadas las características del caso, abonan la situación de urgencia y gravedad, susceptible de consecuencias irreparables, que fundan la necesidad de adoptar medidas provisionales”.

A su vez, la Corte IDH considera que la privación de libertad de estas personas, “conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho”.

Familiares piden verles

Los familiares de los más de 18 secuestrados recientemente denunciaron este jueves a través de un comunicado que después de varios días aún no logran ver a sus familiares. «No sabemos exactamente dónde están, ni cómo están. A pesar de llegar diario y varias veces al día a preguntar por ellos, la Policía no brinda información», indican.

“Seguimos sin saber con certeza el paradero de nuestros familiares, y ya que no tenemos ninguna notificación oficial se deben seguir considerando como personas desaparecidas. Suponemos que se encuentran en las instalaciones de Auxilio Judicial, razón por la cual asistimos a diario para tener acceso a ellos y hacerles llegar alimentos, aunque no han aceptado nada más que frutas, galletas o semillas secas”, expresan los familiares.

 Mencionan que en los últimos dos días en la Policía solo les han recibido agua, por lo que “exigimos nuestro derecho a ver a nuestros familiares”.  

Asimismo, denuncian que a sus familiares se les ha negado  el derecho de ver a sus abogados «lo cual representa otra violación a sus derechos constitucionales. Exigimos el respeto a la integridad física de nuestros familiares y solicitamos se garanticen sus derechos humanos, incluyendo el derecho a comunicarnos con ellos y ellas, y la certeza de conocer las condiciones en las que se encuentran”.

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