La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares de protección a favor de Kevin Adrián Monzón Mora y su núcleo familiar, tras considerar que sus derechos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
“En el actual contexto del país, la Comisión identificó que Kevin Adrián Monzón, tras realizar diversas publicaciones en Tik Tok, ha estado expuesto a amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia, incluso cuando se encontraba bajo custodia del Estado. Tales eventos fueron atribuidos a agentes policiales”, expresa la CIDH.
Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que solicitó las medidas a favor de Kevin Monzón “las condiciones en por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros».
El Colectivo exige al Estado de Nicaragua el cese de los actos de hostigamiento, persecución y agresiones en contra de la ciudadanía que reclama respeto a sus derechos humanos.
La CIDH destaca que a lo largo de los años se ha dado una intensificación del hostigamiento hacia toda persona percibida o identificada como opositora al régimen.
Identificado como opositor
Y en el caso de Monzón que ha sido identificado como “opositor” al régimen principalmente tras sus publicaciones en la red social TikTok, pues realiza denuncias sobre hechos ocurridos en el país, junto a críticas y sátiras y a favor de las personas detenidas identificadas como “presos políticos” estima que “ha adquirido especial visibilidad y exposición mediática producto del proceso penal en el que ha estado involucrado el último año”.
Monzón ha sido detenido de forma violenta en agosto de 2019, julio de 2020 y diciembre de 2020 y en esta última ocasión según la denuncia Monzón fue golpeado, lesionado en su cuello y se le desprendió una muela “debido a acciones de la policía”.
En esa oportunidad la familia lo consideró desaparecido por cinco días, mientras permaneció detenido en la estación policial la Policía lo habría golpeado “y se habría ordenado a otros oficiales de que le golpearan más”, indica la CIDH, tras referir que “los interrogatorios policiales habrían sido acompañados de amenazas de muerte o con la posibilidad de ser ubicado en una celda de castigo, habiéndose trasladado al propuesto beneficiario a un ‘centro clandestino’ donde fue golpeado”, sin que recibiera atención médica.