La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió este miércoles al Estado de Nicaragua la derogación de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, aprobada el pasado 21 de diciembre por la Asamblea Nacional.
Esta ley, dice la CIDH en un comunicado de prensa, se suma a otras leyes aprobadas el pasado año y que considera “serían previsiblemente destinadas a la represión de las voces disidentes en el país”. De esa manera, la CIDH hace referencia a las leyes de Regulación de Agentes Extranjeros y de Ciberdelitos.
“En conjunto, dichas normas formarían parte de una estrategia más amplia de intensificación de la represión en contra de cualquier actor o actora que se oponga a la narrativa oficial” , expresa la CIDH, que también insta al Estado de Nicaragua “a tomar medidas urgentes para restablecer el orden constitucional, recuperar las garantías propias de un régimen democrático y evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país”.
Y recuerda la CIDH que de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), todos los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, “a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y a acceder a las funciones públicas de su país”. Estos derechos refiere la CIDH, deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad.
Propuesta para un plan de gobierno democrático
Mientras a lo interno la Coalición Nacional anuncia con agrado la existencia de una propuesta de Aportes Técnicos para un Plan de Gobierno democrático diseñada por un grupo de más de 100 expertos nacionales.
Según la Coalición Nacional, desde su fundación se prepara para un gobierno democrático de unidad nacional después de Daniel Ortega. Y menciona que la propuesta está basada en cuatro ejes temáticos de políticas públicas: Políticas económicas en busca de “un desarrollo incluyente y sostenible en el que las oportunidades de trabajo y de ingreso estén abiertas a toda la población, con especial atención en la población que está en condiciones de pobreza”.
Igualmente la propuesta incluye políticas sociales, que permitan garantizar a la población el acceso a la salud, educación de calidad, seguridad alimentaria y seguridad social, con Políticas institucionales, enfocadas en restablecer la democracia y construir un Estado democrático al servicio de la población a través de la independencia de poderes y el fortalecimiento de las instituciones.
Así como temas transversales a través de los cuales buscan incorporar la protección del medio ambiente, la gestión de riesgos, la igualdad entre los géneros y garantizar el desarrollo humano en diferentes etapas del curso de la vida.