En el 2020 recién finalizado, 52 activistas y líderes opositores fueron asediados y perseguidos, según un informe de la Unidad Nacional Azul y Blanco correspondiente a las violaciones de derechos humanos registradas durante ese período en Nicaragua.
“A lo largo del país, durante estos 12 meses, medio centenar de líderes nacionales y territoriales de la Unidad Nacional fueron perseguidos, asediados, golpeados, requisados, robados, detenidos. Hasta la fecha mantiene encerrados arbitrariamente y en sus propios domicilios a varios de nuestros líderes”, asegura la Unidad Nacional.
El informe de la Unidad Nacional coincide con un comunicado de prensa emitido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre hechos acaecidos a finales de 2020, cuando asegura se intensificaron los actos de hostigamiento, “contra personas identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos, así como contra víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares”.
Estos hechos fueron condenados por la CIDH, al tiempo que urgió al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato estos actos.
“Dichos actos se manifiestan en el despliegue de equipos policiales, de personas civiles, en las afueras de los domicilios durante todo el día. Lo anterior, con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares; o bien, identificar y registrar a toda persona que entre o salga del lugar. En otros casos, serían objeto de seguimiento, detenciones, amenazas y allanamientos domiciliarios”, refiere la CIDH en su comunicado de prensa.
Entre los hechos mencionados por la CIDH que han sido de su conocimiento están, que el 4 de diciembre pasado en horas de la noche, Carlos Pavón y Anielka Mendoza, -familiares de Richard Pavón y Hammer García asesinados en abril de 2018- así como las lideresas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Neyma Hernández e Ivania Álvarez, fueron citadas a comparecer ante la Policía, sin motivo legal y sin justificación alguna.
“Según la información disponible, al tratar de comparecer a la citación policial, tanto ellos como sus familiares, fueron impedidos de hacerlo por los propios agentes policiales que se encontraban rodeando sus domicilios, conforme al patrón ya descrito”, expresa la CIDH.
La Comisión conoció también el testimonio de Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo quien denunció “que ha visto seriamente afectada su subsistencia, debido al impedimento de salir de su casa en las últimas semanas por el efecto intimidante que genera la vigilancia policial permanente en su domicilio”.
Estas situaciones de “encierro policial” o vigilancia, seguimiento y hostigamiento han sido experimentadas también por Miguel Mora, excarcelado y director del medio 100% Noticias; Medardo Mairena, excarcelado y activo líder campesino, a quien la Policía no le permite salir de Managua; y otros líderes de Managua, Tipitapa, Diriá, Granada y Nandaime, entre otros. A su vez, destaca la denuncia sobre la detención de Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, el pasado 29 de noviembre, en la localidad del Meloconcito a 10 kilómetros de Wiwilí.
La Unidad Nacional resalta por su parte la extrema situación de violencia que persiste en Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos, el terrorismo de Estado, y la falta de voluntad política por parte del régimen para detenerla, lo cual califica como «especialmente grave en un año electoral».
En el país se registran 120 presos políticos, 10 de ellos detenidos desde antes de abril de 2018. La mayoría de reos de conciencia se encuentran en La Modelo.