CIDH condena impunidad generalizada en Nicaragua

La CIDH registra 328 asesinatos en el contexto de la crisis sociopolítica. Fotografía: Archivos de Antonio Ramírez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en Nicaragua, a tres años del inicio de la crisis sociopolítica que padece el país y urgió al régimen a adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la institucionalidad democrática.

A través de un comunicado de prensa la CICH recuerda que de acuerdo con la información aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), que en el país “se han desarrollado hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad”.

Igualmente la CIDH  condena los asesinatos de campesinos que hasta ahora permanecen perpetrados en las zonas rurales del país, muchos de ellos líderes y lideresas, activistas o personas identificadas como opositoras.

“Del mismo modo, llama la atención sobre la situación de colonización de territorios indígenas y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, que continúan produciendo víctimas fatales, personas heridas y desplazamiento de familias y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas del Caribe, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en esos casos, ni medidas para prevenir su ocurrencia”, dice la CIDH.

La Comisión indica que ha observado la persistencia de la privación de la libertad como estrategia de impedimento de las libertades públicas y silenciamiento de las voces disidentes. Hasta abril de 2021, existen reportes de al menos 115 presos políticos.

 “El asedio, vigilancia y amenazas, el impedimento de su derecho de asociación y reunión, e incluso de desplazamiento por dispositivos policiales y parapoliciales, de líderes y lideresas excarceladas, es otra medida registrada en el monitoreo que indica un claro designio de las autoridades estatales por evitar cualquier articulación social o política que desafíe la impunidad que pretende imponer”, apunta la CIDH.

También expone la CIDH la situación de riesgo que enfrentan los defensoras de derechos humanos en Nicaragua, que continúa deteriorándose como consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros actos de violencia cometidos en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del régimen como por agentes de la Policía.

“Preocupa también la persistencia de actos tendientes a coartar la capacidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos para cumplir con su legítima labor de defensa de los derechos humanos, entre ellas, la destrucción de las sedes de las organizaciones que permanecían ocupadas arbitrariamente desde 2018”, señala la CIDH que desde su visita, el 17 de mayo de 2018 hasta la fecha ha documentado graves violaciones a los derechos humanos.

Según la CIDH, la crisis de derechos humanos en Nicaragua cobró la vida de unas 328 personas, alrededor de 2 mil heridas, “como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de éstos”, hechos que están en impunidad. Igualmente al menos 150 estudiantes de las universidades públicas fueron expulsados y más de 400 trabajadoras y trabajadores de salud pública enviados al desempleo.

“En el mismo contexto, la CIDH ha registrado el ataque a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, la amenaza de cierre de otros y el exilio de más de 90 periodistas”.

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