El agua es uno de los recursos naturales más afectados por las inadecuadas prácticas. Fotografía: Archivo.
En el Día Mundial de la Educación Ambiental el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), hizo un llamado a la población a fomentar las buenas prácticas ambientales que permitan la reducción de los impactos negativos que afectan la protección y conservación del medio ambiente e instó al Estado de Nicaragua a garantizar el cumplimiento de la Ley 217, «Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”.
“En este sentido, instamos a las instituciones del Estado, a los centros de estudios y a la sociedad civil a implementar acciones y prácticas dirigidas a la promoción de una buena educación ambiental que conlleve al cuido del agua, la reducción del consumo de energía, protección a los ríos, reducción de las actividades de ganadería, minería y extracción de resina en las zonas de reserva natural”, refiere CEJUDHCAN en un comunicado.
El día Mundial de la Educación Ambiental, se celebra todos los años el 26 de enero, es una fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca incidir en la concientización y la promoción del respeto por el medio ambiente. La conmemoración de este día tuvo su origen en 1972 a partir de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, Suecia. Desde la Asamblea se ha aprovechado la legislación para la educación en el cuido del medio ambiente.
Esa organización también destaca la importancia del cuidado del medioambiente tanto en la escuela como en la casa y la comunidad, “para que los seres humanos conozcan las consecuencias de las acciones que realizamos”. Y pide sean sancionados quienes provoquen daño y deterioro ambiental como establece en las leyes ambientales.
“De acuerdo a las responsabilidades de las instituciones del Estado realizar evaluaciones sobre el impacto social, ambiental y sobre los derechos humanos, las cuales deben ser llevadas a cabo antes de iniciar cualquier actividad extractiva. Y así garantizar la aplicación de las normas y estándares nacionales e internacionales”, reclama CEJUDCAN al tiempo que demanda sea respetada “la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y asegurar que la presencia de las empresas extractivas no afecte a la vida de las mujeres, sus territorios y recursos naturales”.