Cejudhcan en riesgo por Ley de Agentes Extranjeros y su normativa

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) corre el riesgo de perder la personería jurídica con el la ley y normativa de agentes extranjeros, ante la negativa del Ministerio de Gobernación de entregar la constancia de cumplimiento y la certificación de la junta directiva, denunció su presidenta Lottie Cunninghan.

Sin la certificación, los trámites establecidos en la nueva ley, “ya de por si riguroso” se complican aún más, aseguró Cunninghan, quien refirió que en seis ocasiones se han presentado ante el Ministerio de Gobernación para entregar la documentación requerida a fin de obtenerla.

No obstante, en cada cita se han negado a recibir la documentación alegando el incumplimiento de ciertos requisitos muchos de los cuales ni siquiera están en alguna ley o reglamento.

 Es por ello que la presidenta de Cejudhcan estimó que  la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y su normativas se han incrementado “las barreras administrativas y burocráticas” impuestas por el régimen para impedir el funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“El exceso de requerimiento nos distrae de nuestra labor de defensa y nos deja en una situación de vulnerabilidad ante las arbitrariedades de las autoridades”, dijo Cunninghan quien recordó también que  Cejudhcan “ha sido constantemente atacada y estigmatizada desde hace años” por el acompañamiento a los indígenas que realizan en el territorio.

Y recordó que solo el recién pasado año, 13 indígenas fueron asesinados en el Caribe nicaragüense. Hechos que aún están en la impunidad.

También mencionó que sus integrantes o exintegrantes, también han sido víctimas de acoso digital y señalados  como difusores de noticias falsas, por lo que les preocupa también que la Ley de ciberdelitos, pueda ser usada para criminalizar a defensores de derechos humanos.

Al tiempo que recordó, que aún está pendiente por parte del Estado de Nicaragua la implementación de un protocolo para defensores de derechos humanos ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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