En los últimos tres meses del año la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua con lo cual Michelle Bachelet aseguró ante el 44 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que la situación persiste en el país.
Desde Ginebra, Bachelet hizo un llamado al régimen “a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano”, lo que consideró fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia e implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral, justo y transparente.
Al tiempo que reiteró su disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores y al Consejo pidió seguir con el monitoreo de la situación del país.
Denuncias recibidas
Entre las denuncias recibidas en esa oficina destacó: allanamientos de domicilios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.
Mientras dijo, aún no se conocen investigaciones o procesos penales “para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía”.
“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, afirmó Bachelet quien mencionó que “se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos”.
Señaló que el derecho a la reunión pacífica, “continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”.
Al tiempo que menciona la estigmatización del discurso oficial a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales.
A esto le añade Bachelet que la pandemia de COVID-19 ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Y destaca que durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos. ¡
“Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos”, señala la Alta Comisionada.
Medidas contra COVID-19
La respuesta del régimen a la pandemia también fue abordado por Bachelet que consideró que algunas medidas del régimen “no se ajustan a las recomendaciones de la OMS/OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”.
Y que a la fecha, ha recibido denuncias del despido de al menos 16 médicos sin respetar los procedimientos legales, «por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”, expuso Bachelet.
Advirtió la situación de la pandemia podría agravar la ya deteriorada situación económica de Nicaragua, que afectaría los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, en particular de los más vulnerables.
Igualmente se refirió a la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), en Camoapa, con lo cual suman diez organizaciones de la sociedad civil a las que la Asamblea Nacional le ha cancelado la personería, sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país.