Desde la noche del martes la sancionada Policía asedió instalaciones de la emisora La Costeñísima y casas del personal de esa emisora, en Bluefields, Caribe Sur, denunció la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
«PCIN responsabiliza al régimen Ortega Murillo y a sus fanáticos de la integridad física y psicológica a que han sido sometidas bajo presión directa , las personas que laboran en La Costeñísima en su afán de anular las voces del periodismo independiente porque les molesta la audiencia que ha alcanzado la emisora , su preferencia por la población y su posición crítica al poder político», refiere una alerta emitida por PCIN
Igualmente este miércoles las instalaciones de los tribunales amanecieron con fuerte presencia policial, previo a la audiencia celebrada por la mañana donde Salazar fue acusada de supuestas calumnias., según reportes periodísticos locales como Noticias de Bluefields.
En las afueras de los juzgados los periodistas independientes de Bluefields demandaron libertad para informar.
Al salir de los tribunales Salazar aseguró, que no conocía a ninguna de las personas que la acusaron por haber incurrido presuntamente en calumnias pero que considera fue «por denunciar las violaciones». La próxima audiencia fue programada para el 23 de septiembre.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también denunció el asedio de la Policía contra radio La Costeñísima, en Bluefields, emisora que se ha caracterizado por informar sobre las constantes violaciones a los Derechos Humanos en por parte del régimen Ortega Murillo.
«Exigimos el cese de la persecución contra los colaboradores de la radio, en particular Carlos Eddy Monterrey y Kalúa Salazar, así como del activista George Henríquez a quienes patrullas policiales los asedian frente a sus casas», expresa una nota del Colectivo.
PCIN también denuncia otros casos donde ha sido utilizado el sistema judicial para intimidar la labor del periodismo independiente tal es el caso de Elsa Espinoza, William Aragón y David Quintana, «lo cual evidencia un patrón de ataques y contínua criminalización del ejercicio periodístico».