La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), demandó la aplicación de la Carta Democrática al régimen Ortega y Murillo y la implementación de sanciones por parte de la comunidad internacional.
A su vez, llama a buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que sufre el país, precedida por la inmediata liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión, las libertades de movilización, asociación, libertad de prensa y retorno de exiliados con garantías.
«Es urgente una solución a la crisis, pero no es cualquier salida la que demandamos. Esta debe incorporar el retorno de los derechos fundamentales, elecciones adelantadas previa reforma al sistema electoral y justicia para las víctimas sin amnistía», dice el comunicado de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Destaca la UNAB que un diálogo solo puede ser creíble con la CEN de mediadora, la presencia desde un inicio de garantes internacionales y el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), Y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Al tiempo que valora el anuncio de la ausencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en las negociaciones, como un acto de seriedad y dignidad.
«La represión no se ha detenido y (el régimen) utiliza la mesa de diálogo como cortina de humo para continuar desmantelando el país a espaldas de la nación, tal y como lo hizo con la reforma tributaria y el trasiego de dinero del BanCorp», dice la UNAB.
Rechaza pretenciones de Ortega de llegar hasta 2021
Por su parte, el general en retiro Hugo Torres, en un escrito público se refiere al comunicado conjunto emitido entre el régimen y la Secretaría General de la OEA, que deja la impresión «que ya hay un acuerdo entre ambas instancias para que las elecciones se lleven a cabo hasta 2021».
No obstante, Torres recordó, que el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, en las últimas reuniones del Consejo Permanente de la OEA leyó la consulta a sus asesores jurídicos sobre la legitimidad o no de la reforma Constitucional a través de la cual se habilitó a Daniel Ortega para postularse por tercera vez a la presidencia, amparado en el argumento de supuesta violación de derechos humanos.
Los resultados de la consulta a la luz del protocolo de Venecia fue que no se habían violado los derechos humanos a Ortega, con tal prohibición Constitucional, apunta Torres.
Por tanto, Torres señala, que el fraude y la brutal represión durante los últimos diez meses «son suficientes razones para rechazar tal pretensión de llegar hasta el 2021».