El encierro total al que han sido sometidos diez presos políticos de antes del 2018,en las celdas de la Galería 300, de Máxima Seguridad por parte del régimen ha deteriorado su salud, por lo que sus familiares urgen sean atendidos por verdaderos médicos.
“Estamos sobrevviendo”, asegura Suyén Vargas, que es la respuesta de su padre Marvin Vargas, exlíder de los Cachorros de Sandino, cuando le permiten visitarlo cada mes por 30 minutos, separados por una cabina “y me van apurando”. Y aún así “yo puedo ver sus lágrimas de todo lo que padece.
Vargas era una niña cuando su padre fue arrestado en 2011, después que dijo que Los Cachorros bien podían reeditar la operación Danto, para presionar al régimen a otorgarles beneficios.
Y recordó, que entre 2017 y 2019 a su padre el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), le prohibió visitas. “Dos años que no supe si mi papá estaba vivo y en qué lugar se encontraba». A esto le agregó, que a Vargas se le impidió asistir a los funerales de su abuelita, de cuya muerte responsabilizó al régimen.
La joven de 19 años, cuenta que ante la ausencia de su padre “me ha tocado madurar”, pero le ha faltado la presencia de su progenitor en eventos “que a lo mejor no es relevante pero para mi si lo es”.
La joven relató que adentro los guardias del penal someten a los presos políticos como a su padre a torturas sicológicas, como decirles “que nosotros lo vamos abandonar, que nadie lo quiere”.
Luis Amado Huerta, hermano de Rosendo Huerta, de uno de los nueve presos políticos por la masacre del 19 de julio y oriundo de la comunidad del Carrizo, San Ramón Matagalpa, demandó que le ayuden hasta lograr que este y el resto sean sacados de “ ese infierno”.
Señaló que no solo los internos sufren sicológicamente, sino sus familiares porque piensa en las dificultades que pasan en esa cárcel. Además porque ellos cuando acuden a las visitas o a dejar paqueterías están expuestos a ser humillados por parte de los funcionarios de la penitenciaría.
Sonia Quintana , esposa de Wilfredo Balmaceda, relató que de seis años que llevan presos los nueve por el caso del 19 de julio, este lleva injustamente 18 meses en El Infiernillo.
”Simplemente lo sacaron de su celda, lo escucharon cantar el Himno Nacional junto con la gente de Masaya en 2018; lo mandaron al Infiernillo hasta que el director diera nuevas instrucciones”, comentó Quintana, quien refirió que cuando quieren los funcionarios del penal lo sacan una vez cada quince días a un pasillo o al patio general.
“Están pálidos, con manchas por falta de sol (…) así como nosotros sentimos los calores, imagínese ellos que están en un cajón de concreto”, expresó Quintana, quien explicó que el caso desde hace dos años está estancado en casación y cuestionó que en el proceso ni siquiera les permitieron presentar pruebas para demostrar la inocencia de estos.
Por su parte Carlos Luis Gutiérrez, recordó que desde un principio a sus familiares les han violado los derechos humanos pues fueron sometidos a torturas. “Desde un inicio el juicio prácticamente fue un circo”, dijo Gutiérrez.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) presentaron este viernes las adhesiones, entre personas y organizaciones, al documento “Reconocimiento de personas presas políticas previas a abril de 2018”, presentado públicamente el pasado 18 de junio y que lleva 211 firmas.
“Las adhesiones amplifican las denuncias y exigencias de una verdadera justicia, por tanto, queda en evidencia que en Nicaragua hay más de 99 personas presas políticas.
También a través de este acto público se invita a los organismos de derechos humanos, a la sociedad civil y a organismos internacionales, a asumir plenamente el reconocimiento de todas las personas presas políticas del régimen”, demandan ambas organizaciones.
Condiciones inhumanas
Los familiares denuncian las condiciones inhumanas de detenciones en las que se encuentran todas las personas presas en la Galería de Máxima Seguridad, conocida como la 300.
Las personas ahí detenidas sufren muy pobre ventilación y luz natural, con permanente calor, que se agrava en las celdas del infiernillo, se mantienen casi permanentemente empernados en una pequeña celda de 2.2 metros de frente por 3.2 metros de fondo.
Sus salidas a sol son muy restringidas, su acceso a deportes es de dos horas una vez al mes, lo que a estas alturas tiene un fuerte impacto en su envejecimiento y deterioro de sus condiciones físicas. Su situación de salud cada día se deteriora, en medio de la negligencia de las autoridades carcelarias y del Ministerio de Gobernación.
Estas son las condiciones de decenas de personas ahí detenidas, y en particular, las condiciones en las que sobreviven desde 2011 y 2014, respectivamente Marvin Vargas, Wilfredo Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta Gonzáles, José Ricardo Cortez Dávila y José Oliver Meza Raudez.
Testimonio de Miguel Mora
El periodista y expreso político, Miguel Mora relató que en el ala 3-1 de la 300, utilizada para tortura, “es una tumba”, un pabellón donde los presos no tienen visitas, no les permiten salir.
Y sostiene que fue testigo cuando a Vargas los funcionarios le decían que su familia lo había abandonado, cuando él desesperado golpeaba con fuerza la puerta de metal que cierra esa tumba.
“Yo sé lo que están pasando mis hermanos (…) y eso que están en medio de narcotraficantes porque en esa ala hay narcotraficantes, hay sicarios de verdad hay violadores”, dijo Mora, quien expresó su compromiso de incidir donde se pueda para que los presos políticos puedan salir “de ese infierno”. Y sostiene que fue uno de los motivos integrarse a la Coalición Nacional donde busca que el tema de los presos políticos sea una prioridad.
Sufren diversas enfermedades
El expreso político Ricardo Baltodano refirió que Marvin Vargas Herrera, de 49 años, sufre de varias enfermedades: hipertensión, diabetes, gastritis crónica, dolores musculares, en el pecho y sufre de calambres
Mientras los nueve del caso 19 de julio, José Ricardo Cortés Dávila, de 68 años, tiene falta de visión avanzada y requiere ser revisado por un especialista.
Wilfredo Balmaceda Castrillo, de 59 años, tiene 18 meses de estar recluido en El Infiernillo, donde el calor es aún más intenso, que en el resto de Galería de Máxima Seguridad, continúa padeciendo de alergias. En esa celda permanecen casi a oscuras pues apenas entra la luz natural.
Zacarías Cano Angulo, de 57 años, padece de gastritis y tiene problemas en la vista sin que lo lleven a un médico especializado. Oliver Meza Raudez, de 54 años, padece de constantes dolores de cabeza. Leonel Antonio Poveda, de 53 años, ha estado padeciendo de gripe y alergia. Rosendo Antonio Huerta González, de 48 años sufre de dolores de cabeza.
En tanto Eddy Gutiérrez Delgadillo, de 43, padece de gastritis y problemas de la piel. Walter Balmaceda, de 40 años, es diabético, tampoc recibe atención médica y Jairo Obando Delgadillo, de 36 años, padece de forma permanente de hongos en los pies, y en los últimos días padece de mareos.
“Estos presos van envejeciendo en medio de la desatención. De las deplorables condiciones y de los tratos basados en la obligatoriedad de someterse a las arbitrariedades y falta de respeto a su condición humana lo que organismos de derechos humanos consideran tratos inhumanos y degradantes”, señaló Baltodano.
El Colectivo y el GREX demandan que Wilfredo Balmaceda sea sacado del infiernillo, pues recuerdan que las leyes prohíben la permanencia en lo que son llamados contingentes de seguridad, viola el artículo 26, de la ley 745 que debe ser un juez de ejecución y vigilancia penitenciaria quien ordena la remisión de un reo a esas celdas de castigo y debe definir el período máximo de la medida. En este caso Wilfredo nunca fue informado del porqué de esa medida y ya lleva 18 meses en ese lugar sin la aplicación de los procedimientos que exigen las leyes nicaragüenses.
También exigen atención médica oftalmológica de urgencia para Zacarías Cano y José Ricardo Cortez, atención especializada de diabetes para Vargas y Walter Balmaceda y en el caso de Vargas atención odontológica de urgencia.
Arbitrariedades desde inicio del proceso
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recordó, que en el caso de Vargas, el SPN no cumplió varias órdenes de libertad a su favor y posteriormente fue acusado por otro supuesto delito como fue de tráfico de drogas.
Mientras los condenados por el caso 19 de julio, recordó que desde un inicio fueron sometidos a torturas para que aceptaran su involucramiento en un hecho donde de acuerdo a como fue presentada la organización del grupo fue “una mescolanza” , donde entre los supuestos integrantes había uno que perteneció a lops órganos del partido de gobierno, exmilitar y que nunca fue apresado, otro señalado de pertenecer al crimen organizado y el resto de diferentes partidos políticos. Además que las autoridades no pidieron identificar nunca las motivaciones que perseguían con la masacre.
Igual que Marvin Vargas fueron sometidos a torturas y tratos degradantes, por haberse apartado del encasillamiento de la dictadura, manifestó Carrión, quien indicó que el Colectivo que preside se suma a esa voz que demanda la libertad para los casi 100 presos políticos en el país y para que nunca más haya dictadura.
Baltodano dijo que 18 organizaciones y 193 personas de manera individual se han adherido a la demanda del Colectivo y del GREX y preparan una denuncia ante el Comité de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.