Amnistía Internacional en su informe «Silencio a cualquier costo» ha identificado tres tácticas principales que ha implementado el régimen Ortega Murillo para ahogar la denuncia pública en Nicaragua desde la rebelión iniciada en abril de 2018.
Las tres tácticas señaladas por amnistía Internacional son: Detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel, la aprobación de leyes para acallar las críticas y el disenso y “la muerte civil”.
El informe presentado este lunes destaca que desde el estallido de la crisis sociopolítica en el país el régimen “no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica”, pues “se ha dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos”.
Organizaciones locales continúan con denuncias que demuestran que el régimen utiliza al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios, señala Amnistía en su informe en el que recoge que a finales del 2020 cuando concluyó el mismo, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
El régimen no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, “poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio”, dice Amnistía.
Mientras la grave situación carcelaria se ha visto agravada con la pandemia de COVID-19, y ha generado alarma entre las familias de las personas encarceladas y organizaciones de derechos humanos preocupadas por las condiciones de las personas detenidas, expone el informe.
De acuerdo con testimonios recogidos por Amnistía Internacional, aunque algunas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios.
En tanto, organizaciones locales entrevistadas por Amnistía Internacional relataron que decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de problemas de salud que los hacen especialmente vulnerables al COVID-19.
Al salir de las prisiones los excarcelados y sus familias denuncian el acoso enfrentado tras volver a sus hogares.
Las expresiones de acoso han incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, sí como asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso.
En diciembre de 2020, organizaciones locales estimaban que 31 personas excarceladas fueron nuevamente detenidas.
Hacinamiento y abusos
La mayoría de las personas detenidas por motivos políticos son llevadas, en primer lugar, a la Dirección de Auxilio Judicial,
luego son trasladadas a una de las principales cárceles del país, donde las condiciones de detención, que incluyen falta de acceso a agua potable, alimentos de calidad y altos índices de hacinamiento las han hecho conocidas como algunas de las más brutales en América Latina, señala Amnistía.
“La pandemia de COVID-19 agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en Nicaragua y fue la mecha que generó aún más alarma entre las familias de las personas encarceladas y organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera del país, preocupadas por las personas detenidas”, destaca Amnistía.
Leyes represivas
Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos. Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas, advierte Amnistía.
Mientras indica que la Ley Especial de Ciberdelitos, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.
A esto se agrega la reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad, por lo que existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.
«Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado», afirma Amnistía en su informe, tras señalar que en el contexto preelectoral las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, «recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo».
Justicia, verdad y reparación una ilusión
Mientras continúa siendo una ilusión la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional.
Amnistía Internacional recomienda al régimen poner fin al hostigamiento de personas por razones políticas, en el que incluye los ataques públicos, el asedio y la criminalización contra activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Igualmente recomienda al régimen que ponga fin a las detenciones arbitrarias y ponga en libertad a los presos políticos, que sean desmantelados los grupos parapoliciales, e implemente la justicia, se conozca la verdad y haya reparación parea las víctimas y sus familiares.
Igualmente recomienda Amnistía en su informe sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua que el estado de Nicaragua se adhiera al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Al tiempo que le recuerda al régimen la importancia de la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de rendición de cuentas.
“El gobierno debe asegurar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y otros organismos internacionales, tengan a su disposición todas las condiciones necesarias para realizar su trabajo», expresa amnistía Internacional.