Almagro alega que Paulo Abrao tiene 61 denuncias, que CIDH no ha investigado

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, adujo que la negativa a renovar el cargo de secretario ejecutivo a Paulo Abrao,  tiene que ver con las 61 denuncias en su contra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no investigó.

A través de un comunicado Almagro reiteró “que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la presunción de inocencia es desconocer la gravedad que tienen estos hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias de la OEA correspondientes”.

Almagro asegura que él informó a los comisionados de la CIDH sobre hechos denunciados y que en lugar de eso renovaron su mandato por un nuevo período. Almagro detalla entre otros señalamientos: Conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual.

En el comunicado Almagro no tuvo reparos en cuestionar a organizaciones que han alertado porque  la autonomía de la CIDH está en riesgo y a la que calificó de “cierta campaña de desinformación”

“A aquellos que dicen defender derechos humanos como OACNUDH, HRW, Amnesty, CEJIL, etc… desconocen derechos laborales básicos de trabajadoras y trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso. Respuestas corporativas y negacionistas no es la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos”, dijo Almagro.

“Es de extrema gravedad desconocer estos derechos, desconocer las denuncias, tratar de imponer al denunciado por un nuevo período desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los funcionarios. Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH”, señaló Almagro

“Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH”, sostiene Almagro

Lo que dice la CIDH

No obstante, antes de la reacción de Almagro la CIDH publicó un documento en el que explica ampliamente sobre algunos intereses que se esconden tras esta situación en la que sale a relucir la negativa para asignarle el presupuesto correspondiente al presente año, así como los intereses de algunos estados por limitar su actuación.

Es más la decisión de Almagro de no firmar el contrato que renueva el mandato de Abrao como secretario ejecutivo incide en el proceso de negociación y asignación de los recursos del presupuesto de la organización. Desde inicio del año la CIDH ha realizado diferentes gestiones sin éxitos, para que la Secretaria General le asigne el presupuesto 2020 que representa casi 1,5 millones de dólares, con lo cual incumple la decisión de la Asamblea General que ha aprobado los recursos y, con esto, impide la tercera etapa de la duplicación del presupuesto.

A esto agrega la CIDH, que ante el resultado del trabajo de la CIDH que ha tenido un rol más activo, algunos Estados buscan limitar su rol y utilizar los mecanismos administrativos para intervenir a la CIDH y limitar su accionar.

Extrañamente el informe de la Ombudsperson al que se refiere Almagro le fue enviado cuatro días antes de la fecha de la carta de no renovación del mandato de Abrao, además que relata situaciones generales ya atendidas por la Comisión, por el Departamento de Recursos Humanos de la OEA, por la Asociación de Personal de la Organización y no incluye denuncias concretas o específicas.

Y contiene una relación de temas mayormente referidas a asuntos no individualizados de carácter administrativo, contractuales, concursos, transferencia internas, reclasificaciones y asignación de funciones, todos los cuales pueden ser objeto de investigaciones administrativas o auditorías internas o externas a que haya lugar.

“Hasta el momento no se tiene conocimiento de una sola acción directa contra acción administrativa alguna ni tampoco de la existencia de alguna denuncia concreta por acoso laboral”, señala un documento de la CIDH.

En el mismo explica la CIDH que “en relación con otros hecho que puedan constituir faltas disciplinarias, el informe de la OMB no las individualiza o precisa, respecto a las básicas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Se trata de afirmaciones extremadamente opacas, que no permiten darle ningún tipo de atención de ningún tipo”.

La CIDH destaca la gravedad que se instrumentalice el informe de la Ombudsperson para fundamentar la decisión del secretario general, pues  “afecta los estándares jurídicos interamericanos del debido proceso. Sancionar de facto sin las garantías del debido proceso y respeto al derecho de defensa o el contradictorio, es inaceptable”.

A su vez, considera inaceptable que se utilicen estos informes como una excusa para intervenir la autonomía de la Comisión. “Si hay denuncias concretas, ellas deben ser investigadas con transparencia, garantías de independencia y con pleno respeto al debido proceso tanto de las personas que se han sentido afectadas en sus derechos como de aquellas que sean investigadas por dichos hechos”.

Y de existir responsabilidades de cualquier tipo del Secretario Ejecutivo u otros funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, la CIDH asegura que adoptará todas las medidas que correspondan y de acuerdo a sus facultades y atribuciones, “pero no puede permitir que el Secretario General desconozca su Reglamento, su Estatuto y más de 20 años de práctica consistente, basado en un informe que no cumple con los requisitos mínimos de consistencia y credibilidad, en los términos en que fue presentado”. 

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