Entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020, el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua registró y documentó 943 violaciones a los derechos humanos en las que identifica 28 tipos de delitos. Entre los principales responsables son señalados policías, paramilitares y personas afines al régimen.
Lo anterior es parte del tercer informe del Observatorio de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Y aunque estos hechos ocurrieron en todo el país, las zonas geográficas con mayor índice de agresiones fueron Managua, Matagalpa y León.
A su vez, el Observatorio recibió la denuncia de 66 periodistas y comunicadores cuyos derechos les fueron violentados mientras ejercían sus labores. Por razones de seguridad, 24 periodistas solicitaron denunciar bajo anonimato.
Entre los 28 tipos de agresiones resaltan hostigamiento, criminalización del periodismo, obstaculización del ejercicio periodístico, asedio, intimidación, amenazas, estigmatización, torturas sicológicas y desprestigio.
Durante este período el Observatorio registró un incremento de amenazas contra periodistas que los han vinculado a actos delictivos para desacreditarles en su labor, e incluyó la judicialización y ataques a sus familias, además de embargos y censuras de medios, recordó Patricia Orozco, coordinadora del mismo.
“Ser periodista y defensores de derechos humanos es motivo de censura, interrogatorios y detenciones arbitrarias en sitios públicos y casas de habitación”, sostuvo Orozco, quien mencionó que también han aumentado los ataques o delitos digitales contra periodistas y medios, tales como el ciberacoso y el ciberasecho.
Igual el monitoreo identificó nuevos hechos delictivos contra los periodistas como el impedimento a desarrollar su trabajo por parte de oficiales de la Policía, quienes además han llegado a requisar vehículos frente a los locales de cobertura de actividades.
También mencionó el caso ocurrido el 14 de diciembre cuando el director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, junto a su equipo brindaron una conferencia de prensa en la vía pública frente donde están sus instalaciones y la Policía les agredió al igual que a defensores de derechos humanos y periodistas que cubrían la actividad.
Igual durante huracanes
El bloqueo y la violencia en la cobertura contra periodistas se mantuvo aún durante el período de emergencia ocasionada por la ocurrencia de los huracanes Eta y Iota en el país, al negarles el acceso a centros de refugio y otros lugares, así como la criminalización de la solidaridad promovida entre la ciudadanía y medios de comunicación, asegura el informe.
Por ejemplo, el 4 de noviembre un grupo de ciudadanos de Bluefields junto a comunicadores y periodistas organizaron un hablatón a favor de los damnificados del Caribe Norte por el huracán Eta, y antes de que iniciara la actividad, la Policía bloqueó la entrada de la emisora e impidió el desarrollo de la actividad.
Así como el caso de la periodista Georgina Vargas de Bilwi denunció que en varias ocasiones le fue negado acceso a refugios, incluso en el que estaba albergada su familia.