La Ley de Ciberdelitos, llamada “Ley Mordaza”, no solo reprime la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, sino que servirá para “ejercer vigilancia y control absoluto de redes sociales, plataformas digitales, perfiles en línea de activistas políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y toda la población en general que se atreva a oponerse a las políticas gubernamentales”, sostiene el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
En un comunicado emitido este martes, el CENIDH respalda el posicionamiento efectuado por la organización periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), sobre la misma que entró en vigencia este 29 de diciembre. Al tiempo que anuncia su acompañamiento a la organización de periodistas y exhorta a la población a impulsar todas las acciones que garanticen la libertad de expresión.
El CENIDH estima que la ley le otorga un poder más amplio al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) “a fin de que puedan bloquear sitios de internet que las autoridades consideren peligrosos, o incluso para bloquear redes, aplicaciones y servicios enteros que facilitan el acceso e intercambio de información en línea”.