Cinco representantes de organizaciones de mujeres, entre ellas la directora del Centro de Atención Acción Ya, Martha Munguía, se sumaron a las voces de rechazo a la Ley q1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros e introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad parcial.
El recurso está dirigido contra Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y Daniel Ortega y los artículos por los cuales recurren son: 1, 3 numeral 2, 4, 6, 9, 10, 14, 15 y 17.
Mencionan las recurrentes que la ilegitimidad constitucional de la Ley 1040 “deviene del hecho de que contradice y transgrede el contenido esencial de los derechos humanos garantizados en los instrumentos internacionales referidos en el artículo 46 de nuestra Carta Magna”.
Y apuntan que el artículo 4 de la misma considera sujetos obligados a “’…cualquier persona natural nicaragüense o de otra nacionalidad o persona jurídica que dentro de Nicaragua se desempeña o trabaja…’ en una cantidad de actividades que, según el objeto de la misma Ley, van a derivar en injerencia extranjera y a atentar ‘…contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país’”.
Por lo que el grupo de recurrentes, considera que la ley afecta el principio de igualdad dado que al aplicar estas disposiciones el Ministerio de Gobernación no podrá sancionar a todas las personas inscritas en el Registro ni determinar que todas cometen delitos.
“En consecuencia, la potencial imputación por delitos futuros que significaría la inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros ordenada en la referida Ley 1040, producirá un tratamiento diferenciado según el criterio de la autoridad competente”, señala el recurso.
A su vez, consideran que la Ley violenta el derecho a la nacionalidad pues el artículo 15 de la Constitución expresa claramente que “los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados”, y el artículo 16 de la Carta Magna enumera a los nacionales. “Son los extranjeros quienes pueden ser nacionalizados, según el artículo 19 constitucional, pero nunca los nacionales”.
Y también vulnera los derechos a la libertad individual, a la seguridad y al reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica consagrados en la Constitución Política.
Vulneran derechos
Durante la audiencia del 178 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), denunció que en el país continúa el asedio y persecución especialmente contra algunos sectores de la población como excarcelados, defensores de derechos humanos, periodistas, liderazgos indígenas.
Y mencionó como ha aprobado un combo de leyes, que ha excepción de la reforma al artículo 37 que necesita una segunda legislatura para que quede vigente, las otras dos ya lo están.
Jiménez los calificó de “instrumentos represivos”, que tienen como propósito profundizar la criminalización y vulnerar derechos de la ciudadanía, especial de la oposición, de la disidencia, ONG y periodismo independiente.
Sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros Jiménez señaló que constituye una amenaza al financiamiento legítimo de las organizaciones de derechos humanos y medios independientes “al violentar la presunción de inocencia y obligarles a registrarse como persona natural y jurídica a quienes reciban recursos provenientes del extranjero, independiente de donde provenga”.
“La ley impone controles excesivos que realizará el Ministerio de Gobernación. Igual impone restricciones para desempeñar cargos públicos y puestos de elección popular para quienes se registren como agentes extranjeros, además de establecer sanciones para quienes no se registren que incluye confiscación de bienes muebles e inmuebles”, afirmó Jiménez.
Y estimó que esta ley junto a la de Ciberdelitos y reformas a la Constitución en lo relativo a la pena máxima “apunta un objetivo común intimidar y llevar a la cárcel a quienes disienten”.