El derribo de las arbolatas fue una forma de protesta implementada en su momento. Fotografía: Manuel Esquivel
A diez meses de iniciadas las protestas en Nicaragua la crisis sociopolítica y económica se ha agravado.
Tras más de 300 muertes, miles de heridos, 777 presos políticos dejados por la represión impuesta a lo largo de estos meses el régimen implementó las reformas a la seguridad social que motivaron las protestas iniciadas el 18 de abril.
Mientras, continúan los secuestros, asedio e intimidación a pobladores que disienten del régimen.
El pasado 14 de febrero durante una de las audiencias sobre Nicaragua durante el 171 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Paulo Abrao,
recordó que en el país no han cesado las violaciones a los derechos humanos.
En esa ocasión la relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, expresó preocupación sobre las reformas a la seguridad social.
«Realmente es preocupante que esta reforma a la seguridad social, que simbólicamente es lo que dio lugar a las protestas, se hayan producido sin participación ciudadana por la información que yo tengo- y sin la consulta de los sectores que en definitiva van a ser afectados, como tampoco tenemos noticias que haya una evaluación del impacto que esto va a causar en la población nicaragüense», dijo García Muñoz.