El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, dijo este martes en Ginebra que aunque es importante el diálogo, también lo es el fortalecimiento institucional en el país.
«Todo esfuerzo de reconstrucción tiene que pasar necesariamente sobre la base del fortalecimiento institucional», aconsejó Hernandez.
El comisionado de la CIDH consideró importante señalar ¿cuál es la capacidad del Estado para atender las violaciones a derechos humanos? que han ocurrido en Nicaragua.
Esto porque, dijo, «es allí donde vemos grandes fallas estructurales», entre las que mencionó la falta de independencia del Poder Judicial y falta de independencia y pericia de la Fiscalía.
La CIDH ha visto con optimismo el diálogo, el cual debe ser inclusivo y atender de forma prioritaria la liberación de los presos políticos, devolver la personalidad jurídica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y avanzar en una solución pacífica y democrática, recomendó Hernández.
Pablo Parenti, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), destacó que la última propuesta que hicieron en el informe final fue «que no dejen solas a las víctimas».
Explicó Parenti, que esto lo recomendaron porque nuchas veces ocurre «que en procesos de negociación, las víctimas no tienen un lugar y los que negocian tienen el deber entonces de representar a las víctimas».
Un patrón en las detenciones
A Hernández le llama la atención que cuando regresó a Nicaragua por segunda vez, en septiembre del año pasado, las detenciones en El Chipote habían pasado de tres, en mayo, a unas 500 personas, por haber participado en las protestas.
«En resumen encontramos un patrón muy constante de personas que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente (…) sin ninguna orden escrita por autoridades competente, en muchas ocasiones con allanamientos a su casa», sostuvo Hernández.
Mencionó Hernández, casos documentados de mal trato no solo durante la detención, sino cuando ya estaban detenidos, así como acusaciones de mujeres «que fueron vejadas que fueron también objeto de acoso, de abusos de tipo sexual».
«Encontramos también un patrón de criminalización a raíz de una figura de nueva incorporación al Código Penal, la del terrorismo, en donde la Fiscalía hace un interpretación muy amplia del delito de terrorismo, que tiene otros propósitos y que no aplica de manera generalizada a toda persona que haya participado en protestas», sostuvo el comisionado de la CIDH.
Mientras que Pablo Parenti, mencionó que el patrón que se siguió en la actuación policial respondió a una orden de altas autoridades.
No obstante, mencionó Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI, que de 109 casos que pudieron documentar ocurridos entre abril al 30 de mayo del 2018 «cien (crímenes) permanecen en la más absoluta impunidad». Y en ninguno de esos casos ha sido acusado un miembro de las fuerzas de seguridad, sostuvo Paz.
«Para nosotros es muy impresionante como no se procesaron de forma adecuada las escenas del crimen, hay abundante evidencia fotográfica y videográfica de casquillos que quedaron abandonados en la vía pública», sostuvo Paz.
Le llama la atención a la experta que todas las detenciones eran realizadas por orden policial y no por un juez competente, donde se violentaron los plazos y juicios fueron celebrados a puertas cerradas, pese a que son orales y públicos.
Cifra de muertos puede ser mayor
Parenti destacó que durante el período que investigaron los hechos violentos, podrían haber ocurrido más de los 109 asesinatos documentados por ellos y que, de esos 95 ocurrieron por disparos de arma de fueg También determinó que la represión fue ejecutada por la Policía y grupos paraestatales que hicieron uso de armas de guerra, a la vez quedó demostrado que hubo alcaldes que intervinieron organizando a grupos de choque.
El comisionado de la CIDH así como los expertos del GIEI, participaron en un evento paralelo a la cuadragésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.