El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó profunda preocupación por la situación en Nicaragua e instó al régimen “a entablar negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y los partidos y grupos de oposición”.
La resolución sobre Nicaragua durante el 46 período de sesiones de ese Consejo, fue aprobada con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra, en la que instó al régimen a trabajar con las organizaciones internacionales para adoptar antes de mayo de 2021, reformas electorales e institucionales para asegurar elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, conforme a lo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y de acuerdo con las normas internacionales, que incluyan la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también decidió “seguir ocupándose activamente del asunto y considerar todas las medidas a disposición del Consejo de Derechos Humanos para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua y la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado”.
El Consejo también solicitó a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que vigile de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto del proceso electoral y que presente al Consejo de Derechos Humanos, antes de fines de 2021, una actualización oral provisional con las recomendaciones a seguir.
De esa manera, ese Consejo orienta también a la Alta Comisionada, que mejore y amplíe el seguimiento de esa Oficina y que mantenga la información sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
La Alta Comisionada deberá presentar al Consejo una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua durante sus períodos de sesiones 47y 48, así como un informe integral por escrito mediante el cual evalúe los avances y desafíos relacionados con esa situación durante 49 período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo.
Para ello, el Consejo solicitó que se proporcionen a la Oficina del Alto Comisionado los recursos necesarios para cumplir con sus mandatos de cooperación técnica, vigilancia y presentación de informes en materia de derechos humanos.
Que modifique legislación
Por otra parte, ese Consejo instó al régimen a que autorice manifestaciones pacíficas y públicas, derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la conducción de los asuntos públicos. Asimismo que pueda impedir que las víctimas de violaciones de derechos humanos ejerzan su derecho a buscar reparación o prorrogar el período de detención, sin acusación formal o criminalizar las voces disidentes.
A la vez, exhorta al régimen a que de inmediato deje de utilizar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación o medidas alternativas de detención, como medio para reprimir la disidencia.
Igualmente, que ponga en libertad y sin condiciones a todos los detenidos de forma arbitraria o ilegal, para garantizar los derechos al debido proceso, para asegurar que las condiciones de detención tengan debidamente en cuenta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las reglas de Mandela) y cumplan con las obligaciones de derechos humanos aplicables.
También insta al régimen a combatir la impunidad, a garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas de 2018.
Esto, dice el Consejo, que sea mediante la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia que causaron la muerte de más de 300 personas y 2,000 heridos, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones y abusos de derechos humanos denunciados desde abril de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado, y por la reforma de la Ley de Amnistía.
Igual plantea ese Consejo al régimen, que adopte medidas efectivas para prevenir y abordar el aumento de la violencia sexual y de género, incluidos los homicidios relacionados con el género, mediante el fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía General y del Poder Judicial, de conformidad con los estándares internacionales, e implemente políticas y programas de educación preventiva.
Investigue asesinatos de indígenas
En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, le insta al régimen a que solicite el consentimiento libre, previo e informado, tal como se contempla en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Y que adopte medidas efectivas, en consulta con los pueblos indígenas, para prevenir y abordar la creciente violencia cometida contra ellos, incluso mediante la realización rápida e independiente de investigaciones sobre asesinatos y confiscaciones de tierras por parte de grupos armados.
Además le exhorta al régimen, a que adopte medidas efectivas para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y la Defensoría de los Derechos Humanos.
Asimismo, la creación de un plan de acción con plazos concretos, para implementar las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluidas las formuladas en los informes del Alto Comisionado, en consulta con la sociedad civil y las víctimas.
A esto le agrega, que coopere plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicita acceso irrestricto en todo el país “facilitando las visitas, y considerando positivamente las recomendaciones formuladas en sus informes y ofertas de asistencia técnica”.