El Cenidh fue una de las instalaciones que aparece como propietario el MINSA. Fotografía: Cortesía
Dos años después de la ocupación de las instalaciones de dos medios de comunicación y de Organizaciones No Gubernamentales, el régimen materializó el despojo de las propiedades de al menos cinco de ellas, las que fueron entregadas al Ministerio de Salud (MINSA) que instaló rótulos de anuncios de construcción de dependencias de esa institución.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una de las organizaciones afectadas condenó este hecho, el que calificó como un nuevo “acto de cobardía”, por parte del régimen con lo que está queriendo esconder el asalto de las ONGs “fingiendo que ahora las instalaciones van a ser del MINSA”.
Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló por su parte, que 24 meses después del despojo, el régimen ha materializado la confiscación, «que es una acción desprovista de legalidad», y la cual dijo “se enmarca en una arremetida contra la sociedad civil y contra medios de comunicación”.
«Una vez más queda en evidencia que estamos en un estado donde se carece de las mínimas garantías», aseguró Arce quien consideró que son acciones “marcadas por la infamia y el odio”, contra la sociedad civil que sigue realizando un importante trabajo en la defensa de los derechos humanos en el país.
“Conocimos de la expropiación de los edificios donde funcionaban el canal de televisión 100% Noticias, los medios Confidencial, Esta Semana y Niú; situación que afecta gravemente los derechos de sus propietarios, a los periodistas y comunicadores que colaboran en estos medios, así como a sus audiencias y al sistema democrático del país”, advirtió la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
PCIN lamentó el sistemático deterioro de la libertad de prensa en el país, pues se trata de un derecho fundamental y necesario para la construcción de la democracia y menciona que la expropiación fue ejecutada luego que por dos años, el régimen mantuvo tomados por la fuerza los edificios y equipos de estos medios de comunicación, “ sin un proceso judicial legítimo, ni respetando los derechos que le asisten a las personas jurídicas y naturales” .
Intensificación de restricciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sus Relatorías Especiales de Libertad de Expresión y sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, desde su cuenta de Twitter advirtieron que “estos hechos se enmarcan en un contexto de intensificación de restricciones a las libertades civiles, cierre acelerado de espacios democráticos y deterioro de garantías a los derechos humanos”.
La CIDH urgió al Estado de Nicaragua “restituir la personería jurídica de las ONG y medios afectados”.
El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), otra de las ONG expropiada, a través de un pronunciamiento señala: “Con gran dolor y rabia, hemos conocido la usurpación ahora por parte del Ministerio de Salud de nuestras instalaciones”.
“CISAS es una organización que por más de 35 años se ha dedicado a promover la salud y el bienestar de hombres y mujeres de todas las edades en Nicaragua. Esta nueva actuación del régimen de los Ortega Murillo es una muestra más de que en Nicaragua no existe el derecho a asociarse, el derecho a trabajar, el derecho a defender derechos, el derecho a la propiedad, todos protegidos por la Constitución Política, las leyes y los distintos instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado”, señala CISAS.
Y menciona que desde la cancelación de nuestra personería jurídica en diciembre de 2018, han introducido los recursos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna.