Asamblea Nacional con mayoría oficialista aprobó reforma parcial a la Constitución. Fotografía: Tomada de la Asamblea Nacional.
Las reformas a la Constitución Política de Nicaragua, como ocurrió este martes con la reforma parcial a la Carta Magna, con el artículo 37, son necesarias para el continuismo del régimen, asegura el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión
“Necesitan del ordenamiento jurídico a su medida, toda reforma jurídica que fortalezca el poder y oprima derechos. Mantener Hegemonía total de las instituciones”, explica Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Este martes, el plenario de la Asamblea Nacional con mayoría oficialista aprobó la Reforma al Artículo 37 que les permitirá endurecer la pena a prisión perpetua a los culpables de crímenes de odio, degradantes, humillantes e inhumanos.
El artículo 37 reformado de la Constitución: “La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años.
Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación”.
Según los diputados oficialistas la propuesta de la reforma busca “sancionar con una pena rigurosa los crímenes crueles, inhumanos degradantes de odio en conexidad con la proporcionalidad de los delitos cometidos y robustecer el carácter de prevención ante el riesgo de la pena exhaustiva a quienes atentan contra la vida, la libertad e indemnidad sexual y la seguridad de las personas, especialmente cuando la víctima pertenezca a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como los niños, niñas , adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y los adultos mayores”.
Carrión recordó que la constante de reformar la Constitución en Nicaragua ha llegado primero por las vías de hecho, con lo cual buscan proyectar una necesidad con lo que han hecho de las suyas sin respetar el orden constitucional.
Recordó Carrión, que a través de una de las reformas fue la imposición de la candidatura a la reelección de Daniel Ortega, “ que se hizo con una torcida sentencia totalmente cuestionable a la luz de la prohibición constitucional, porque la Corte Suprema de Justicia violentó el orden constitucional, hasta la propia jurisprudencia porque le dio lugar al amparo, que no era ni el tiempo ni el momento, ni estaba pasando ninguna elección (…) para irrespetar la Constitución”.
El diputado del oficialismo, Edwin Castro, defendió la reforma constitucional pues según alegó la reforma del 2014 por primera vez se constitucionaliza el derecho de las víctimas, y con la actual viene avanzar sobre el derecho de las víctimas”.
Carrión manifestó, que toda reforma jurídica que fortalezca el poder en simultáneo oprime derechos y recordó que desde que el régimen llegó al poder crearon los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), adaptado al derecho político de participación, como parte del llamado Modelo para todos, pero que en realidad “es un modelo exclusivo del poder y excluyente de los derechos de la gente” y eliminaron de hecho la ley de participación ciudadana, rendir cuentas, acceso a la información entre otras.
Es por ello que el defensor de derechos humanos considera que el hecho de ampliar la pena, es como una espada de Damocles. “Casi como si te corres te tiro y si te quedas te mato (…) ponerlo a uno contra la pared casi con todos los fusiles”.
El asesinato de dos niñas de 10 y 12 años en una comunidad en Mulukukú ocurrido en septiembre pasado fue el pretexto utilizado por el régimen para reformar la Constitución que le permitió ampliar la pena de prisión.
Pasan de víctimas a verdugos
Durante el plenario el diputado Brooklin Rivera, dirigente de Yatama, expuso que la modificación del artículo 37 de la Constitución Política para aplicar con mayor rigurosidad las penas relacionados con crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio.
Rivera estima que esta reforma abriría una puerta penal que llevaría a condiciones de mayor vulnerabilidad a los pueblos indígenas y afrodescendientes, desde el punto de vista de la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, los espacios de vida, el Estado de Nicaraguas
“El Estado de Nicaragua tiene la obligación de proteger la propiedad indígena, al igual y al mismo nivel que las demás formas de propiedad en este país, pero no le hace caso a la situación de nuestras comunidades; como todos sabemos los territorios indígenas legalizados, titulados hoy están invadidos por colonos armados patrocinados por terratenientes, por madereros por empresas mineras, por empresas de monocultivos de palma africana (…) y las demás empresas que buscan la explotación de los recursos naturales”, señaló Rivera.
En el caso de los indígenas Rivera expuso la indefensión en que permanecen los pueblos indígenas “porque las instituciones del gobierno hacen caso omiso a las disposiciones legales”.
“¿Dónde están las instituciones del gobierno, dónde está la Policía y el Ejército para impedir la invasión de colonos armados a territorios indígenas?, consultó Rivera, quien refirió que si bien es cierto los colonos son nicaragüenses también son usurpadores y traficantes de tierra de los pueblos indígenas, “ninguno de los colegas diputados aceptarían que miembros de pueblos indígenas ocupen sus fincas o tierras privadas en otras partes del país”.
El dirigente de Yatama recordó, que antes ya fue aprobada una ley de ciberdelitos lo que llevará a que cuando los indígenas defienden su tierra le aplicarán este aspecto de la reforma a la Constitución.
“Con esta reforma se abre la puerta legal para que los miembros de pueblos indígenas, su líderes, sus defensores de víctimas van a pasar a ser verdugos, porque ahora resultarían ser incitadores o provocadores de odio o de violencia por defender tierras ancentrales de su comunidad”, dijo el dirigente de Yatama, tras referir que esto significa que serán acusados y condenados por graves delitos sucedidos en circunstancias de odio.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el inspector de la Policía, Jaime Vanegas y el fiscal adjunto Julio González, fueron entre los consultados que antes ya habían dado su visto bueno a las reformas.