El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pide al régimen libertad plena, derecho a una indemnización y otros tipos de reparación para los 16 activistas de la banda de Los Aguadores, por considerar que su detención fue arbitraria.
Igualmente insta al régimen a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias que rodearon la detención y “adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de los detenidos arbitrariamente”.
En un comunicado emitido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) junto a la Unidad de Defensa Jurídica y Raza e Igualdad y Derechos Humanos, indican que en su opinión el Grupo de Trabajo señala que no hubo un fundamento jurídico que justificara el arresto de los activistas, los policías no presentaron orden judicial y las 16 personas no habían cometido ningún delito.
El Grupo de Trabajo también solicitó al régimen que considere el permiso para una visita oficial al país al tiempo que pide que en seis meses le provea la información de seguimiento al caso.
En noviembre del 2019 los 16 jóvenes fueron capturados de forma ilegal por la Policía de Masaya cuando acudieron a la iglesia San Miguel, de esa ciudad a llevar agua a las madres de los presos políticos que habían iniciado una huelga de hambre para demandar la libertad de sus hijos.
Y el Grupo de Trabajo considera que su detención fue consecuencia del ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, así como por su posición crítica al régimen. Y estima que en este caso se vulneraron las garantías a un juicio justo.
Los activistas son: Amaya Coppens, Atahualpa Quintero, Derlis Hernández, Hansel Quintero, Ivania Álvarez, Jesús Tefel, Jordán Lanzas. José Medina, María Hurtado,,Marvin López. Melvin Peralta, Neyma Hernández, Olga Valle, Roberto Buchting, Wendy Juárez y Wilfredo Brenes.
En opinión del Grupo de Trabajo estos fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar pero por una decisión del ejecutivo sin que hayan recibido una sentencia, “con un proceso judicial que sigue en curso, lo que podría dar lugar a un encarcelamiento posterior”.