A dos años de su visita a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “persiste un estado de excepción de facto”, que mantiene “suspendidos o severamente limitados” varios derechos a los nicaragüenses.
Esto representa que el Estado de Nicaragua no ha cumplido las recomendaciones efectuadas por la CIDH tanto en sus observaciones preliminares como en su informe de país, expresa en un comunicado de prensa.
La Comisión refiere que ha observado, y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional, «la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social; el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa; la estigmatización y persecución de defensores de derechos humanos; y el despliegue de grupos parapoliciales que atacan y asedian a opositores y manifestantes».
Menciona que desde el 2018, el Estado mantiene una estrategia para impedir cualquier manifestación contraria al régimen, consistente en la prohibición legal de las protestas y la ocupación desproporcionada de espacios públicos por agentes policiales armados.
Desde el 2019 a la fecha, la represión estatal ha sido dirigida contra nuevas formas de protesta practicadas por la población, como los piquetes exprés y persiste la práctica de detenciones con fines intimidatorios, acusaciones penales arbitrarias e ilegales en contra de manifestantes.
A la fecha más de 86 personas están privadas de libertad en ese contexto.
La CIDH considera que están vigentes las recomendaciones emitidas en mayo de 2018 y entre las cuales destacan el cese inmediato de la represión y detención arbitraria contra quienes participan de las protestas; garantías del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
Sin embargo, la CIDH observa “que persiste un patrón sistemático de medidas y acciones represivas para restringir la libertad de prensa e impedir el ejercicio del periodismo independiente en el país que ha sido ampliamente documentado por el MESENI”.
Igual considera que continúa la situación de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes se ha profundizado debido a la intensificación de agresiones, amenazas, campañas de estigmatización, hostigamiento, criminalización, seguimiento y vigilancia cometidos por agentes estatales o simpatizantes del régimen.
La CIDH recuerda que también recomendó al Estado desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.
No obstante, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), ha recibido numerosos testimonios que muestran de manera consistente que estos continúan operando en la realización de detenciones y otras acciones de hostigamiento, asedio y agresiones contra personas identificadas como opositoras, excarceladas, defensoras y periodistas.
La CIDH también expresa preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.