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Periodistas independientes entre asedio, insultos y agresiones

El riesgo de ser periodistas en Nicaragua. Fotografía: Cortesía.

Los periodistas y medios de comunicación independientes destacan entre los sectores que en casi 33 meses han sido víctimas de la represión por parte del régimen, según el boletín número 9 del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

En su recuento, el Colectivo señala, que los periodistas sufren constantes requisas, asedios, retenciones, negación de ingreso y cobertura de las instituciones públicas también han sido  objeto de insultos, fotografías y persecución en la vía pública, como ocurrió el pasado 22 de octubre contra los equipos de LA PRENSA y Artículo 66  a quienes además de impedirles la cobertura alrededor de 18 agentes policiales, 4 patrullas y motorizados les dieron persecución como forma de intimidación.

El pasado 11 de octubre en la ciudad de Masaya, los periodistas Verónica Chávez y Josué Garay resultaron lesionados cuando salían de una reunión de la opositora Coalición Nacional. Verónica Chávez sufrió graves lesiones en su cráneo tras ser agredida durante un asedio policial en la que participaron agentes policiales, agentes parapoliciales y fanáticos del gobierno “conocidas como turbas.”

Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Mientras la directora de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar fue acusada y condenada arbitraria e injustamente el 23 de septiembre por el Juzgado Penal Local de Bluefields por el delito de calumnias como represalia por dar cobertura a una denuncia de corrupción en la Alcaldía de El Rama.

También Radio Corporación denunció un ataque cibernético a su página web el domingo 1 de noviembre, por presuntos hackers del gobierno que dejaron un mensaje alusivo de la propaganda del régimen.

“En el país recrudece la sistemática represión y persecución, en contra de la ciudadanía nicaragüense, utilizando todos los recursos y medios del Estado para ‘mantener el poder a cualquier costo’, es decir a sangre y fuego, cuyas consecuencias son graves violaciones de derechos humanos y la persistencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, con garantía de impunidad”, expresa el Colectivo en su boletín, que a su vez destaca la existencia de un estado de excepción de facto, con tres cuerpos armados en violación al orden constitucional que establece solamente al Ejército y la Policía.

También refiere el Colectivo en su boletín que durante este período han destacado las ejecuciones arbitrarias contra la vida, la libertad individual, los procesos y condenas injustas, la tortura, el desplazamiento forzado, la criminalización y persecución contra toda expresión ciudadanía que ejerce sus derechos y garantías fundamentales, el asedio contra familiares de las personas privada de la vida.

“El entorno creciente de campañas estatales de odio, así como la aprobación de un combo legislativo dirigido a formalizar lo que de hecho se viene haciendo. La Instrumentalización de la justicia para criminalizar, reprimir económicamente y suprimir derechos constitucionales es sistemática. El año electoral dio inicio en noviembre y a la vista, las evidencias apuntan a la consumación de un nuevo fraude”, expresa el Colectivo.   

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