Operación limpieza, matanza en el campo, confiscaciones a ONGs y acoso a periodistas, contemplados en iniciativa RENACER

Las barricadas que el régimen tiñó de sangre en 2018. Fotografía: Archivo Cortesía.

De ser aprobada la iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua (RENACER), por Estados Unidos, el Senado requerirá del Secretario de Estado, un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la llamada Operación limpieza, que ejecutó el régimen Ortega Murillo en 2018, así como los asesinatos extrajudiciales perpetrados a lo largo de estos últimos tres años contra indígenas y campesinos en las zonas montañosas del país.

 Según la sección 10 de la iniciativa presentada este jueves, reseña que desde el mes de junio de 2018, inicio de la “Operación limpieza”, hubo un esfuerzo del régimen para desmantelar las barricadas levantadas en toda Nicaragua durante la manifestación social de abril de 2018, que ha aumentado su abuso contra campesinos y comunitarios indígenas, “incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, y violencia sexual como forma de intimidación”.

Por tanto, requiere un reporte a más tardar 90 días, después de la fecha de promulgación de esta Ley, de parte del Secretario de Estado el que deberá presentar a las comisiones correspondientes del Congreso, en el que documente la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega contra campesinos y comunidades indígenas en el interior de Nicaragua.

Según la iniciativa, el informe deberá incluir “una compilación de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Ortega contra  habitantes del interior de Nicaragua”,  cometidas desde abril de 2018.

En el informe debe referirse tanto a abusos como de asesinatos perpetrados en las ciudades de Managua, Carazo, Masaya entre abril y junio de 2018, así como en los municipios de Wiwilí, El Cuá, San José de Bocay, Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, igualmente Esquipulas, Rivas y Bilwi en el Caribe Norte, entre 2018 a 2021.

Caso CENIDH y ONGs

A su vez, deberá exponer los esfuerzos del  régimen para intimidar e interrumpir las actividades del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y otras organizaciones de la sociedad civil que intentan responsabilizarle por infringir los derechos y libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua. Los locales de las organizaciones expropiadas han sido convertidas en casas maternas.

 Al tiempo que debe proponer recomendaciones de cómo Estados Unidos y socios internacionales  junto a la sociedad civil nicaragüense, pueden aprovechar sus capacidades diplomáticas, incluidas las sanciones, para reducir las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por régimen para apoyar mejor a las víctimas de  violaciones de derechos humanos en el interior de Nicaragua.  

También contempla apoyo a los medios de comunicación independientes y libertad de información en Nicaragua, por lo que a más tardar en 90 días, después de la fecha de promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado, el Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el Director Ejecutivo Oficial de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, presentarán al Congreso un informe que incluya : Una evaluación del gobierno,  y obstáculos tecnológicos a los que se enfrentan los nicaragüenses en sus esfuerzos por obtener noticias completas e información sobre asuntos nacionales e internacionales.

También deberá presentar una lista de todos los canales de televisión, estaciones de radio,  sitios de noticias de línea, y otras plataformas de medios que operan en Nicaragua y que son de propiedad directa o indirecta o controlados por el régimen de   Ortega, miembros de la familia Ortega, o aliados conocidos de  Ortega.

Igualmente una lista de cualquier organización de prensa independiente o cualquier persona vinculada a medios independientes, así como medios que han sufrido intimidación, acoso, agresión física, robo de propiedad  entre otros, por parte de agentes del  régimen, partidarios del régimen en relación directa con su actividades periodísticas desde abril de 2018.

El informe requerido  incluye recomendar una estrategia para fortalecer la radiodifusión, distribución de información y  plataformas de comunicación en Nicaragua.

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