“La constante persecución política y hostigamiento que sufren, así como la incertidumbre y limbo jurídico en el que se encuentran sus causas judiciales, ha resultado en una suerte de Muerte Civil para las y los excarcelados y sus familiares; que en la práctica representa la negación de todos sus derechos civiles”, refiere un informe titulado En Nicaragua nada está normal, Muerte Civil: Situación de las y los excarcelados del régimen Ortega Murillo.
A través del informe las personas excarceladas políticas expresan el asedio y persecución de la que son víctimas. Mencionan que constantemente sufren vigilancia, hostigamiento, allanamiento, intimidación y robos en los domicilios. A esto agregan pintas en las viviendas con las leyendas de “golpistas, PLOMO o te estamos vigilando”, así como vigilancia permanente a sus domicilios por parte de Policía y paramilitares quienes les fotografían cuando abren las puertas o salen a recibir alguna visita o les dan persecución en motocicletas manejas por paramilitares armados.
En el caso de las mujeres señalan que han observado que la Policía ingresa a la propiedad sin ninguna orden, con agresividad y prepotencia, las hacen firmar un cuaderno de control de visita, “advirtiéndoles que si se portan mal las van a volver a llevar a la cárcel. Igualmente, se les ha prohibido salir de la casa, incluso para asistir a visitas médicas”.
A su vez, de forma reiterada los excarcelados políticos y familiares de estos reciben amenazas y mensajes de odio a través del teléfono y hostigamientos desde las redes sociales. En el caso de las mujeres “identifican amenazas relacionadas con violentarlas sexualmente a ellas o a sus hijas. De igual manera, dentro de las amenazas directas realizadas a excarcelados se identificó la amenaza de violar a sus hijas o hermanas”.
El reporte expone los resultados de un esfuerzo de monitoreo y seguimiento sobre la situación que enfrentan las personas excarceladas en el marco de la Ley de Amnistía promovida por el régimen Ortega Murillo, que enmascarara violaciones al debido proceso que fueron cometidos durante detenciones encarcelamientos y juicios.
Estas situaciones se intensifican cuando ocurre una convocatoria nacional a concentraciones y otros actos de protesta.
Sin empleo
Luego de las excarcelaciones los expresos políticos enfrentan la dificultad de encontrar un nuevo empleo, algunos también se han visto obligados a cerrar sus pequeños negocios familiares debido a las amenazas, robos y hostigamientos que han enfrentado de manera reiterada por parte de la Policía y fuerzas parapoliciales.
“Un ejemplo de lo anterior es el hostigamiento constante del que son víctimas por parte de la policía y paramilitares, las y los excarcelados que participan en las Feria Artesanal Azul y Blanco, quienes se han organizado para poder vender sus productos de artesanías como medio de subsistencia”, refiere el informe en poder dela Comisión de Alto Nivel de la OEA.
La zozobra e inestabilidad provocada por la persecución política y los hostigamientos, así como la crisis económica ha empujado a muchos a tomar la decisión de exiliarse para resguardar su integridad física y sobrevivir.
Mencionan en el informe que ha habido casos donde las amenazas verbales ya han pasado a las agresiones físicas, y “el caso más preocupante por el nivel de violencia ejercido por estos grupos es el de José Alejandro Martínez, excarcelado a quien le disparó un oficial de la policía y quedó parapléjico”.
Destacan también que al menos cuarenta personas excarceladas han sufrido detenciones arbitrarias, de las cuales nueve hombres permanecen en cárceles y de ellos seis ya enfrentan nuevos procesos judiciales. “Ellos y ellas han relatado que durante sus recapturas les han despojado de sus ropas, registrado y robado sus pertenencias, y en algunos casos han recibido golpes como parte de los interrogatorios. Si bien la mayoría de estas cuarenta personas han sido liberadas, posteriormente a su liberación el acoso y hostigamiento de parte de la Policía, paramilitares y personas adeptas al régimen, continúa el mismo patrón que el resto de las personas excarceladas”, destaca el informe.
El hostigamiento también ha sido extendido a quienes han acompañado a los expresos políticos durante los procesos legales, quienes también son víctimas de amenazas y hostigamientos, tal fue el caso de Yonarqui Martínez, Aura Estela Alarcón y Julio Montenegro quienes han sufrido persecuciones y acosos; y la abogada María Oviedo, quien fue detenida y procesada de manera arbitraria tras defenderse de la agresión policial mientras acompañaba a un expreso político. Y “tras un juicio lleno de arbitrariedades, dejó a la abogada sin poder ejercer su labor por seis meses”.
Retardo y negación a trámites administrativos
En los casos que los excarcelados políticos tienen que hacer algún trámite administrativo los funcionarios no les atienden o les dificultan y retrasan los trámites, ello incluye trámites importantes como obtener identificación, inscribirse en la universidad o solicitar sus expedientes académicos. En las universidades públicas les han expulsado e incluso borrado sus historiales académicos.
“Sus hijas e hijos son hostigadas y agredidas por paramilitares e integrantes de las Juventud Sandinista en los centros educativos a los que asisten. También hay familiares a los que han extorsionados y amenazado con perder sus trabajos, por no colaborar dando información sobre las actividades de su familiar excarcelado”, indica el informe en el que mencionan además la negación del acceso a servicios de salud, retenciones migratorias sin ninguna justificación en puertos fronterizos cuando salen del país por vía terrestre.
“La frontera de Peñas Blanca ha se ha convertido en un sitio de violación sistemática de derechos humanos hacia personas excarceladas”, refiere el informe en el cual mencionan los casos sufridos por Byron Estrada y Olesia Muñoz “a esta última durante su retención no se le permitió ingerir alimentos y medicinas pese a que advirtió a los oficiales que era diabética y se estaba descompensando”.
A todo lo anterior señalan “se suma la falta de certeza respecto de su situación jurídica, lo que hace que las y los presos políticos excarcelados vivan en una permanente situación de inseguridad y sujetos a la arbitrariedad de los operadores de un sistema de justicia marcado por su falta de independencia respecto del poder ejecutivo”.
“Es urgente llamar la atención de mecanismos internacionales de derechos humanos, la comunidad internacional y gobiernos, sobre la condición de las y los excarcelados en Nicaragua, a fin de exigir al régimen Ortega Murillo el cese de la represión en contra de las personas excarceladas y sus familias, incluyendo la reposición de los bienes que les han sido incautados o sustraídos. Así como la devolución de sus plenas garantías constitucionales para ejercicio de sus derechos ciudadanos”, demanda el informe presentado a la OEA.