Mientras reportes extraoficiales indican la muerte de dos personas aparentemente a causa de COVID-19, en Estelí y en Chinandega, el Ministerio de Salud, mantuvo este jueves los datos reportados el miércoles sobre los tres casos activos “delicados pero estables” .
A su vez, en su reporte diario el Ministerio de Salud también mantuvo la cifra de 16 casos en seguimiento, luego que mandó a su casa a dos y sumó en cuido a otros dos nuevos.
De acuerdo al Diario LA PRENSA uno de los fallecidos fue una persona de 70 años, de la ciudad de Estelí, quien fue confirmado en marzo pasado como caso número 3 con COVID-19, luego enviado a su casa, para darle seguimiento el Ministerio de Salud, pero la noche del martes empeoró y falleció la noche de este miércoles.
La otra es una persona de sexo femenino que supuestamente tuvo como causa de muerte COVID-19, y que habría sido registrado en el hospital en Chinandega.
Este jueves en su nota de prensa el Ministerio de Salud insistió en su discurso de que “no hay transmisión comunitaria en el país”.
Sin embargo, la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) a través del comunicado número cuatro exige al Estado de Nicaragua cumpla con el deber constitucional de proteger la vida de los nicaragüenses ante la pandemia de COVID-19.
E indica la UMN, que “debido al retraso irresponsable” para adoptar medidas de forma temprana, el régimen deberá tomar “medidas urgentes y agresivas para controlar la trasmisión comunitaria”.
Por ejemplo, señala que hay informaciones de contagio de al menos 20 casos entre el personal de salud no reportados a la fecha, por lo que demanda sean registrados, monitoreados y evaluados los casos de infección por COVID-19 en ese sector.
Derechos violentados
UMN refiere que al exponer el régimen a la ciudadanía a la pandemia de COVID-19 con su actitud negligente, violenta una serie de derechos entre los que sobresalen el derecho a la vida, a la seguridad y el deber de protección estatal y reconocimiento de los derechos humanos de las personas, establecidos en los artículos 23, 25 y 46 de la Constitución respectivamente.
También recordó la UMN, que en comunicados anteriores ha emitido 25 recomendaciones al Estado de Nicaragua basadas en las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales debieron ser implementadas desde hace cinco semanas durante la fase previa de la pandemia.
“Ante el brote inevitable de casos de COVID-19 en todo el territorio nacional, y la imposibilidad de seguirlos ocultando, algunas de estas recomendaciones están ya siendo orientadas por las instituciones gubernamentales”, indica la UMN.
Esa organización ratifica la exigencia al derecho de los trabajadores de la salud a ser protegidos en el ejercicio de sus funciones de asistencia sanitaria, tanto en el sector público como en el privado. Y menciona que el personal de la salud debe contar con equipos de protección personal completos, medidas de prevención y control de las infecciones la realización de pruebas COVID-19, inmediatas y sistemáticas.
Igual demanda la UMN que sea reconocido el derecho de los médicos y de sus familias a la protección de su vida y a tomar las decisiones que se deriven del cumplimiento de ese derecho.
“Esto incluye el reconocimiento de sus factores de riesgo personales que impiden su participación en la atención directa a pacientes COVID-19 y la decisión de atender pacientes en estudio o confirmados con COVID-19 en ausencia de medidas de protección personal”, expresa la UMN, que exige también la protección a los trabajadores de la salud ante el despido, acciones, amenazas cubiertas o encubiertas, por emitir opiniones científicas basadas en evidencia, hacer recomendaciones de protección a la población o compartir información sobre la existencia de casos clínicos compatibles.
A su vez, plantea la UMN que sea abierto en debate nacional, con todos los actores de los sectores público, privado, sociedad civil, academia, religiosos, cooperación internacional, entre otros, el abordaje de la pandemia.