Pese a que avanza la cuenta regresiva para que sea cumplido el acuerdo entre la Alianza Cívica y la delegación del régimen sobre la liberación de los presos políticos el 18 de junio, persiste el discurso oficialista de excarcelación de presos políticos y audiencias de juicio como la de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora han sido programada para fechas posteriores.
A través de su cuenta de twitter, el abogado Julio Montenegro, que integra el grupo Defensores del pueblo, indicó que la audiencia de los periodistas fue reprogramada para el 24 de junio, «varios días después de la fecha tope que el gobierno había dispuesto para liberar a todos los presos políticos».
En la última nota de la delegación oficialista este lunes 3 de junio, refiere «vamos avanzando en crear todas las condiciones indispensables para continuar cumpliendo a la familia nicaragüense, a partir de la excarcelación acordada y concluida responsablemente el 18 de junio».
El acuerdo suscrito por ambas delegaciones en marzo pasado, específica que es un acuerdo «para la facilitación del proceso de liberación de presos políticos».
Y en el objetivo quedó plasmado que el régimen «procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación».
La experimentada defensora de derechos humanos y miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Haydeé Castillo, expresó: «No aceptamos ese concepto de excarcelación, el 18 de junio deben ser liberados totalmente».
La integrante del consejo político de la Unidad Nacional insistió, en que el régimen se comprometió «a una liberación» de los presos políticos no solo ante una Mesa de Negociación, sino ante la comunidad internacional.
Y consideró que, cuando el oficialismo habla de excarcelación busca confundir, sobre todo porque cada día continúan con los secuestros en el país, pero muchas veces por tratarse de zonas tan alejadas los organismos de derechos humanos no pueden darle seguimiento.
Uno de los últimos casos fue el de Diómedes Reyes ocurrido en Quilalí, donde la familia no ha podido ver al secuestrado, apuntó Castillo.
Siembran delitos
Además, denunció, están con «un nuevo modus operandis que como ya no convencen con el golpe de Estado, ahora siembran delitos comunes de droga, tenencia ilegal de armas, robos, etc violando totalmente los derechos humanos de las personas».
Y señaló que del total de presos políticos que han salido de las cárceles solo cerca de un 18 por ciento ha obtenido su libertad plena.
Con esa disposición del régimen de excarcelarlos a una mayoría de presos políticos solo los han cambiado de lugar, «encarcelados en sus casas o en casas de seguridad», porque las familias no soportan el asedio, aseguró Castillo.
Persecución y acoso
Además de que no es una libertad plena, con una causa abierta «para cuando se les ocurra lo vuelvan a levantar» y los excarcelan bajo la persecución y acoso, aseguró por su parte el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión.
La explicación de este manejo de parte del oficialismo con los presos políticos, es de que estos «han sido verdaderos símbolos desde la cárcel».
«Aún presos han mantenido una firmeza y cuando salen son recibidos con emotividad únic, que nunca lo habíamos vivido en Nicaragua», manifestó Carrión.
De esta manera, Carrión estimó que hay una incertidumbre y pende la amenaza de que los presos políticos «estarán al arbitrio de ellos».
Y es por ello, apuntó el defensor de derechos humanos, muchos excarcelados buscan como dejar el país como sucedió tras el asesinato de Eddy Montes que al menos dos de ellosse refugiaron en Costa Rica.
«Optan salir por la inseguridad que representa para su vida y la falta de seguridad plena», indicó Carrión.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, dijo este lunes que según los registros de la Alianza Cívica 221 presos políticos deben ser liberados de estos 41 fueron apresados entre abril a la fecha.