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Grupo de Expertos investigará abusos y violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, según mandato del Consejo de DD.HH de la ONU

 

Con 20 votos a favor , 7 en contra y 20 abstenciones, el  Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este jueves durante el 49 período de sesiones una resolución en la que decidió la integración de un  Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual tendrá entre sus mandatos realizar “investigaciones exhaustivas e independientes” de todos los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.

El grupo cuyo nombramiento será por un período un año estará integrado por tres expertos  y será nombrado por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos.

Dentro de las actividades que realizarán los expertos están el de reunir evidencias de esos abusos y violaciones  “y, de ser posible, identificar a los responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”.

También el grupo de expertos deberá “formular recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos, prestar asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, según proceda, y asegurar un enfoque centrado en las víctimas, incluso abordando los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación”.

A su vez, deberá “colaborar con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con objeto de intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a las iniciativas”, indica la resolución aprobada este jueves.

El mandato se hará efectivo inmediatamente, por lo que ha pedido al Secretario General de la ONU que proporcione a los expertos todo el apoyo administrativo, técnico y logístico y los recursos necesarios para que pueda cumplir su mandato.

Además en la resolución solicita al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua que presente un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52º período de sesiones, durante un diálogo interactivo.

Este es el resultado de las solicitudes realizadas desde el 2021 por una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, tras la confirmación de que el Estado de Nicaragua no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones de la Resolución 46/2.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, consideró la creación de este Mecanismo como «un avance» en esta materia. Y consideró que «la lucha por Nicaragua empieza ahora con una hoja de ruta más precisa».

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) emitió u comunicado a través del cual respaldó la aprobación del Mecanismo para Nicaragua y anunció que seguirá documentando las violaciones y delitos cometidas en contra de los periodistas.

Y asegura que la iniciativa es recibida «con esperanza», pues espera sean investigados casos como el asesinato del periodista de Ángel Gahona, en Bluefields, robos de equipos y confiscaciones a algunos medios de comunicación y violaciones a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua.

Alta Comisionada reforzará su labor

También ha solicitado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que refuerce su labor de seguimiento y cooperación,   prepare un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua el cual deberá  contener una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores, así como en los informes y recomendaciones de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los de los órganos de tratados.

Ese informe deberá ser presentado al Consejo, en su 51 período de sesiones, con información actualizada oralmente al Consejo en su 50º período de sesiones; antes de finales de 2022; y en su 52º período de sesiones.

A su vez, le solicita a la Oficina del Alto Comisionado “que refuerce su compromiso mediante la continuación del análisis de la legislación relativa al espacio cívico y democrático, al sector judicial y a las amnistías con miras a prestar el apoyo necesario para que Nicaragua pueda cumplir sus obligaciones y compromisos de derechos humanos”.

“Exhorta al Gobierno de Nicaragua a que coopere plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para América Central, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, incluido el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y con los órganos de tratados pertinentes, entre otras cosas permitiendo el acceso sin trabas, absoluto y transparente a todo el país y facilitando las visitas, incluso a los centros de detención, y proporcionando la información necesaria, y a que considere favorablemente las recomendaciones formuladas en sus informes, los ofrecimientos de asistencia técnica y las solicitudes de visitar el país realizadas por los procedimientos especiales conforme a la invitación permanente que cursó en 2006”, señala la resolución.

En su resolución el Consejo expresa una serie de preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua entre ellos  por las continuas violaciones de la libertad de expresión y de la libertad de recabar, recibir y facilitar información. “En particular para los miembros de la prensa, incluido el allanamiento del principal periódico del país, y las detenciones arbitrarias, las amenazas y el hostigamiento de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que daban información crítica sobre el Gobierno, que obligaron a muchos de ellos a exiliarse”.

También expresa preocupación por el deterioro de la democracia, las continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, en particular con respecto al goce de los derechos civiles y políticos y la falta de rendición de cuentas de esos abusos y violaciones desde abril de 2018, la persistente prohibición de las manifestaciones públicas y el uso desproporcionado de la fuerza y los actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía y la comisión de actos de violencia por grupos armados.

Igualmente “por las denuncias de un aumento de los casos de detención ilegal y prisión arbitraria, juicios acelerados sin las debidas garantías procesales, hostigamiento, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, asesinatos por razones de género, incluso feminicidios, y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión”.

A su vez, expresa preocupación por el empeoramiento de las restricciones del espacio cívico y democrático y la represión de la disidencia en Nicaragua en forma de actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos humanos de los indígenas, los afrodescendientes y las personas dedicadas a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, denominadas defensores de los derechos humanos.

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