Con el incremento de la represión y el cierre de espacios en Nicaragua la población evita hablar sobre lo que ocurre en el país ante el temor a represalias además esta situación puede llevar a mayor cantidad de nicaragüenses al exilio forzado, coincidieron panelistas nicaragüenses que participaron en el conversatorio con representantes de la sociedad civil, Nicaragua: Entre la impunidad y la escalada represiva, un evento paralelo a la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Guatemala.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, refirió que esa Comisión ve con preocupación que ante la represión existente haya un «éxodo de nicaragüenses mayor», por lo que hizo un llamado al apoyo y a la solidaridad por parte de los países de la región. Y expresó que la única salida a la crisis en el país es a través de un amplio diálogo, lo cual debe seguir promoviendo desde la OEA.
Muchos evitan hablar porque existe “miedo” a emitir criterios “porque se puede revertir en nuestra contra”, expresó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, quien dijo que esto lo que ha observado desde las denuncias que reciben como organización de derechos humanos.
En los últimos días dijo Núñez, ha habido en el país nuevas detenciones arbitrarias las que el CENIDH ha contabilizado al menos 32 personas detenidas. Y esto la llevó a referir: “Seguimos contando víctimas”.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, destacó que en el caso de los medios de comunicación “ahora los periodistas no tenemos fuentes” y las personas que se atreven hablar lo hacen bajo anonimato por lo que “tenemos que cubrir sus identidades por temor a represalia”.
Al tiempo que indicó que más de 70 periodistas debieron optar por el exilio desde 2018 para seguir haciendo periodismo. Pero a pesar de la supresión de la libertad de prensa y de expresión se sigue informando con veracidad. Y que según la directora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, solo en los últimos meses debido al incremento de la represión la nueva oleada de exilio ha incluido a más de 40 periodistas junto a excarcelados, activistas y defensores integrados en distintos espacios y organizaciones.
Chamorro destacó que después del 7 de noviembre “no hay ninguna señal de suspensión del estado policial que le permite a (Daniel) Ortega gobernar y normalizar la violencia”, pues “están suprimidas de facto las libertades de reunión, de movilización, de prensa, de expresión y también el derecho de elegir y ser electos”.
Lo ocurrido este 7 de noviembre en Nicaragua Núñez lo observó como “un evidente abstencionismo” mientras Chamorro consideró que “no hubo sorpresa porque las elecciones se realizaron bajo estado policial”.
Para Chamorro después del 7 de noviembre lo que esperan es de mayor incertidumbre, mayor agravamiento de la crisis política y social así como una tendencia a aumentar las migraciones.
La presidenta del CENIDH preguntó “¿Cuántos años aguantaríamos con este régimen de terror?”. Y desde su perspectiva de defensora de derechos humanos expresó que la ruta de salida debe ser la defensa irrestricta de los derechos humanos en cuanto a los derechos políticos. Pero lo más urgente debe ser “vaciar las cárceles” del país.
Como CIDH, dijo, la apuesta es de seguir presionando para que haya nuevas elecciones con garantías mínimas, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la personalidad jurídica de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuyos bienes han sido confiscados, así como la garantía de libertad de prensa e implementar los procesos de verdad y justicia.
Las lecciones aprendidas de Nicaragua y otros países de la región es de que sin justicia, sin verdad, sin reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos vuelven a presentarse las crisis de derechos humanos, por tanto reiteró la importancia de tomar en cuenta la memoria verdad y justicia.
Escalada represiva
Por su parte el exfiscal y coordinador de la organización Acción Penal Boanerge Fornos, destacó que en la nueva fase de represión que el régimen implementó desde mayo pasado han tenido “un rol preponderante”, la Policía, el Ministerio Público, los tribunales de justicia y la Defensoría Pública.
Recordó que la Policía fue la encargada de asumir “las detenciones arbitrarias y con las investigaciones que según ellos han llevado a cabo”, el Ministerio público que los ha criminalizado a activistas y liderazgos políticos y los tribunales de justicia que han validado todas las actuaciones efectuadas por las dos instituciones anteriores y que las decisiones que han tomado ha sido siempre en perjuicio de estas personas sometidas a estos procesos.
A estas instituciones se suma la Defensoría Pública cuya labor ha sido obstaculizar el ejercicio del derecho a la defensa de los presos políticos y legitimar las actuaciones de estas instituciones.
“Estas instituciones garantizan por un lado las represiones contra todo aquel ciudadano que ejerza libremente su derecho de opinión en contra del actual régimen y a la vez garantiza la impunidad de aquellos actores que han participado en la represión contra los ciudadanos. Entonces Hay una relación simbiótica que va en ambos sentidos, garantizar impunidad a los agentes estatales y paraestatales y criminalizar a aquellos ciudadanos que están en contra o manifiestan una posición política independiente”, comentó Fornos.
El defensor dijo que después de las llamadas audiencias iniciales en las cárceles policiales, hay una segunda fase que están alargando los procesos como un mecanismo de mantener a estas personas retenidas y de “pena anticipada”. Bajo ese tipo de argumento legal podes tener a estas personas indefinidamente detenidas.
El discurso reciente de Ortega coloca en mayor vulnerabilidad a los presos políticos capturados de mayo a esta fecha. Y advirtió que “existe un riesgo real” de que se incrementen las difíciles condiciones carcelarias en que permanecen los presos políticos en El Chipote además “de que considere apátrida a estos ciudadanos por ejercer su derecho constitucional de opinar de la forma que quieren y pretender que el mensaje de expulsarlo del país que los vio nacer y “por el que tienen derecho de construirlo de acuerdo a sus propios intereses”.
Represión ha sido “patriarcal”
Por su parte la especialista Elvira Cuadra, recordó que desde 2007 cuando retornó al poder Ortega organizó todo un sistema de represión y de control social compuesto por la Policía de grupos paralelos como los llamados “grupos de choque o del llamado Consejo del Poder Ciudadano (CPC)”.
Destacó Cuadra que hay antecedentes de represión a expresiones de la población como el Movimiento conocido como OCUPAINSS, el Movimiento Campesino Anticanal y el Movimiento de Mujeres.
Con el estallido de descontento social generalizado en 2018 este sistema de represión y control fue puesto a funcionar a toda capacidad, pero fue rebasado por lo que el régimen decidió elevar la escalada de violencia con letalidad e imponer una política represión sistemática que hasta hoy ha transitado por al menos 14 fases, según Cuadra.
Una de las características importantes de la represión “es que ha sido profundamente patriarcal y tiene como blanco específico a las mujeres que defienden derechos”, aseguró Cuadra, quien manifestó que entre enero a la fecha se han registrado más de 2,600 agresiones y los ataques incluyen detenciones arbitrarias, violencia sexual, amenazas, allanamientos ilegales de domicilio, campañas de difamación y estigmatización entre otros. Solo entre el 1 al 8 de noviembre se registraron 102 agresiones en contra de 42 defensoras.
El exilio, “una forma de castigo”
Por su parte la directora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que ante la escalada represiva en Nicaragua dijo una de las consecuencias de la brutal represión del gobierno nicaragüense ha sido el desplazamiento forzado o exilio de más de 120,000 personas, de estas más del 80 % en Costa Rica. La principal intención de abandonar el país ha sido la protección de la vida, la seguridad y la libertad.
La defensora del Colectivo, manifestó que según proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino indican que en 2021 habrían migrado hacia Estados Unidos 60,000 personas y 35 mil hacia Costa Rica, “una cifra sin precedentes que revela la gravedad de la situación y del cambio de destino del flujo migratorio que ahora se dirige hacia el norte, ruta marcada por la violencia y la inseguridad”.
“Dese 2018 el exilio se convirtió en una forma de castigo, ratificado recientemente por Ortega al llamar a los presos políticos ‘hijos de perra del imperialismo’ y que ‘se los deberían llevar para allá, para los estados unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato’”, expresó Flores.
“Las historias detrás de cada nicaragüense que sale del país producto de esta represión, empiezan desde los ataques o agresiones realizadas por un vecino o vecina, un familiar cercano o lejano, un agente para estatal y hasta por la persecución institucional por parte de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras”, manifestó Flores.
Tras señalar: “Quienes salimos del país, lo hacemos con una mochila en nuestros hombros, en general con poco tiempo de planificación, sin oportunidad de despedirnos de nuestras familias, sin avisarle a casi nadie por razones de seguridad. Salimos generalmente por puntos no autorizados donde la inseguridad es la única certeza”.
Pese a la adversidad del exilio Flores recordó que también el exilio, “ha representado la posibilidad de continuar denunciando los abusos que se viven en Nicaragua, un país que ha sido secuestrado y ha impuesto por la fuerza el silencio. Muchas de las personas que nos encontramos fuera, hemos tenido que desarrollar la capacidad de transformar el dolor y las adversidades en diferentes formas de resistencia, incluyendo la re organización para continuar denunciando la represión que se mantiene en Nicaragua”.