El secretismo de los operadores de justicia en algunos casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado en Nicaragua

El secretismo de los operadores de justicia en algunos casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado en Nicaragua

Los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en general son manejados con el sistema de justicia del régimen a conveniencia de sus intereses. El nivel de secretismo difiera unos de otros y es mantenido desde que el expediente es ordenado en la Policía y remitido a la Fiscalía hasta llegar a los tribunales.

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Hasta ahora el único caso relevante que ha sido publicitado por instituciones del régimen fue el ocurrido el 18 de octubre del presente año, tras un tiroteo registrado entre un grupo narco y fuerzas del Ejército en el sector de Cárdenas en sector limítrofe con Costa Rica. Allí capturaron a dos mexicanos y dos costarricenses, que en una avioneta trasegaban con al menos 400 paquetes de cocaína.

A mediados de octubre también fue conocido otro caso relevante en el que aparece vinculado el diputado suplente del orteguismo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Francisco Sarria García. El hecho trascendió cuando la bancada oficialista solicitó su desafuero.

Fue en el Parlamento donde empezaron las especulaciones sobre Sarria que luego fueron confirmadas por la acusación del Ministerio Público interpuesta en los juzgados de Managua. Sarria un pastor evangélico, cuyo seudónimo es “El Doc”, según la acusación, lideraba una estructura criminal que traficaba con droga desde Costa Rica a Honduras.

En este caso la estructura criminal estaba integrada por los guatemaltecos Siles René Galindo Recinos y Lucas Medrano Ramírez; los nicaragüenses Marcos Manuel Amaya Narváez y Carlos Enrique Cortez Guevara y el colombiano Everth de Ríos Ospina.

Es de destacar que en casos como el de Sarria no aparecen imágenes de las capturas ni las notas de prensa de la Policía como usualmente lo hacen en otros casos, igualmente las audiencias son privadas contrario a lo establecido por Código Procesal Penal (CPP), que deben ser públicas. Pero los tribunales han obviado esto, similar a lo ocurrido en los juicios contra presos político.

Hijo de empresaria entre acusados

Por ejemplo, existe un caso concreto en el que las personas acusadas ya fueron remitidas a audiencia preliminar, están desde hace un mes en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), pero la acusación de la Fiscalía se desconoce.

Se trata del asunto número 018453-ORM4-2019 PN ventilado en el Juzgado Noveno de lo Penal de Audiencia a cargo de la juez Karen Vanegas Chavarría, donde el 28 de septiembre introdujo la acusación el fiscal Félix Cárcamo.

A la fecha se desconocen detalles de la acusación en contra de los detenidos Gilles Ernesto Lionet Valenti, Carlos Martin Peralta Baldizón, José Andrés Castillo Urbina, Denis Aldubi Pinto Hernández, Alejandro José González Canales, Bryan Osmier López Pavón, más de que son coautores del delito de conspiración para el tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas y la víctima es el Estado de Nicaragua.

Es de destacar que uno de los detenidos es hijo de una reconocida dirigente empresarial de este país, que según fuentes extraoficiales, supuestamente la detención y su posterior acusación habría permanecido en secreto por el régimen, con intenciones de utilizarla como “carta política”, para presionarla a esta que sirviera como puente ante un sector de la empresa privada en temas relacionados con la crisis sociopolítica que sufre el país.

Extraoficialmente se ha conocido que Lionet Valenti y los otros acusados fueron detenidos cuando estos viajaban en una camioneta del sector del puesto fronterizo de Las Manos, rumbo a Managua. Aparentemente la Policía les ocupó droga. No hay datos concretos de la cantidad.

De este caso lo único que aparece de forma pública en el archivo de los Juzgados de Managua, es la confirmación de la entrada del caso a ORDICE, un acta de reprogramación de audiencia inicial el 18 de octubre y una reacción de la judicial en el que rechaza los señalamientos de la defensora de Lionet Valenti, la abogada Yaoska Obando Rostrán.

En la respuesta de la juez al escrito de la abogada, se lee la queja de esta porque a su representado desde su detención le han negado sus derechos a una llamada telefónica, así como a una entrevista con su abogada y en el que pedía cambio de medidas cautelares alternas por la prisión preventiva.

La juez alega que la abogada hace señalamientos que no son ciertos y le hace un llamado de atención.

Y es en este mismo escrito de la judicial en el que se lee que hubo una audiencia preliminar el 28 de septiembre pasado, pero no hay mayor información.

El 18 de octubre a las 9:19 a.m, la juez Vanegas Chavarría estableció audiencia especial para este 24 de octubre, para que Pinto Hernández, de nacionalidad hondureña, nombre defensor dado que en la audiencia preliminar estuvo ausente.

El abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo y exfiscal, recordó que usualmente los delitos de narcoactividad, lavado de dinero y otros delitos relacionados al crimen organizado, la “nueva modalidad”, usualmente los únicos testigos son los policías con lo que ellos “se aseguran la prueba”.

El hecho que tanto los testigos como los elementos de prueba los ofrecen los oficiales de la Policía hace difícil a los defensores poder cuestionar a la Fiscalía, sobre todo que “el argumento ha sido que tenemos que referirnos sobre los hechos acusados”, dijo Montenegro.

El exfiscal señaló que el secretismo utilizado por los operadores de justicia “tiene que ver con una estrategia”, en contra del acusado, pues “al darlo a conocer de manera pública hay elementos de prueba que potencialmente podemos utilizar nosotros como defensores, cuando esto de te detengo y a los días acusan”. Esto dijo Montenegro, es lo que ocurre con los casos de presos políticos.

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