Situación de Nicaragua agravada con Huracanes Eta y Iota. Fotografía: Archivo cortesía.
La Fundación Right Livelihood, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), instaron al Estado de Nicaragua que garantice la protección de los pueblos indígenas y sus defensores frente a terceros.
Igualmente exhortaron al Estado a realizar con prontitud investigaciones independientes para identificar a los autores de los crímenes contra las comunidades indígenas.
Durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones tomaron la palabra para denunciar los crímenes contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en en Caribe de Nicaragua, situación agravada significativamente a lo largo de 2020.
También condenaron que Nicaragua no haya implementado la Ley 445 y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exige la remoción de los colonos irregulares, en lugar de coludirse con los intereses comerciales y alentar el acaparamiento de tierras.
Estas organizaciones solicitaron al Consejo de Derechos Humanos que inste a Nicaragua a que cumpla con sus obligaciones de garantizar la protección de los pueblos indígenas y sus defensores y que los perpetradores de estos crímenes rindan cuentas.
Crisis persiste
La crisis en Nicaragua persiste hasta la fecha, la represión sistemática mantenida por el régimen ha suprimido efectivamente las movilizaciones, denunció en la misma sesión la alianza global de organizaciones CIVICUS, que también señaló que los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos se enfrentan a la criminalización y el acoso de agentes de seguridad y grupos civiles progubernamentales.
La declaración de CIVICUS además instó a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyar una resolución firme que exija un mayor monitoreo por parte de la Alta Comisionada para promover los procesos de rendición de cuentas y evitar que la situación se deteriore aún más. La misma fue respaldada por la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
CIVICUS recordó que aún hay más de 100 presos políticos en las cárceles del régimen, y muchos de los excarcelados aún son sometidos a vigilancia, represalias y reencarcelamiento.
“Ha habido un aumento en el uso de cargos penales comunes para condenar a quienes se perciben como opositores al gobierno mientras niegan su condición de presos políticos”, denunció esa organización, quien apuntó que por otro lado el régimen ha tratado de silenciar a la prensa independiente, incluso mediante la detención de periodistas y el estrangulamiento.
También mencionó, que desde finales de 2020, los legisladores progubernamentales han incrementado los ataques contra la sociedad civil, promulgando una serie de leyes diseñadas para reducir el espacio para las libertades de asociación, reunión y expresión.
En sintonía con informe de Bachelet
En su discurso ante el Consejo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que las comunidades indígenas sigan enfrentando invasiones de sus tierras y ataques violentos por parte de colonizadores.
Además, condenó la reciente adopción de varias leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación y reunión, lo que demuestra claramente la voluntad del régimen de restringir el espacio cívico y la democracia.
Bachelet subrayó que es fundamental la participación política de las minorías para ayudar a resolver la crisis y pidió una vez más al régimen que le otorgue acceso al país.
El informe de la Alta Comisionada, fue rechazado por la representación de Nicaragua que lo calificó de unilateral, sesgado y falto de objetividad.
Durante el debate que siguió, tomaron la palabra 27 estados, incluidas cuatro declaraciones conjuntas. Varios países, incluidos Canadá, México, los países nórdicos y bálticos, la Unión Europea, Suiza y Ecuador expresaron gran preocupación por la situación en Nicaragua, especialmente por las restricciones del espacio cívico y la continua denegación de acceso al mandato de la Alta Comisionada.
Bélgica y Francia estaban especialmente alarmados por el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Otros países, como la Federación de Rusia, Venezuela, Bielorrusia y Cuba, apoyaron a Nicaragua en el rechazo del informe de la Alta Comisionada y destacaron que las resoluciones específicas de cada país no deben adoptarse sin el consentimiento del estado en cuestión.
En sus observaciones finales, la Alta Comisionada Adjunta, Nada al-Nashif, destacó que las comunicaciones con Nicaragua continúan siendo una lucha. En relación con las próximas elecciones de 2021, mencionó que hasta que el gobierno no promulgue una reforma electoral y legal, es difícil ver cómo las elecciones podrían ser creíbles, transparentes y justas.