Una serie de condiciones previas a un posible retorno al diálogo nacional ha planteado el Comité Pro Libertad de Presos Políticos, a través de un pronunciamiento publicado este domingo.
Tras conocerse el sábado de forma sorpresiva una reunión entre el régimen Ortega Murillo con un sector de la empresa privada con participación de la iglesia católica, ese Comité advierte: «no aceptaremos cualquier diálogo. Para que un diálogo realmente represente una salida legítima y una solución verdadera y duradera para Nicaragua».
Y la libertad de los presos políticos «sin condición alguna y bajo las garantías imprescindibles de respeto a sus libertades de movilización», está entre la siete condiciones planteadas por ese comité para apoyar un diálogo.
A su vez, demandan que esa agrupación junto a la Asociación de Madres de Abril «víctimas primarias de la brutal represión del régimen Ortega Murillo sean interlocutores directos en las decisiones concernientes a la verdad, justicia penal, reparación integral y todas las garantías de no repetición para nuestros familiares».
Igualmente demandan garantías del cese de los secuestros, acoso y persecución y el retorno de los exiliados políticos, así como el desarme y disolución de los grupos parapoliciales y el regreso del Mecanismo Especial para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el restablecimiento de las libertades de prensa.
El @CPLPP_Nicaragua se pronuncia enérgicamente para demandar la liberación de todos los presos y presas políticas, la restauración de la libertad de expresión, movilización y organización, entre otras demandas, como una garantía para el desarrollo de un diálogo fructífero. pic.twitter.com/rlLdM6ZPUM
— Comité Pro Liberación de Presos Políticos (@CPLPP_Nicaragua) 17 de febrero de 2019
A la fecha ese comité registra 777 presos políticos cuyas cifras siguen en aumento cada día y a quienes refieren «se les ha violado el derecho al debido proceso y son objeto de continuas agresiones dentro de las cárceles», cuyos juicios deben ser declarados nulos y deben ser liberados.
Uno de los últimos casos denunciados en los últimos días fue el de Justina del Carmen Orozco, detenida de forma arbitraria por la Policía Orteguista (PO) y por cuyo caso fue emitida una alerta por parte de la Iniciativa de Defensoras de Nicaragua.