La resolución administrativa emitida el pasado 20 de noviembre, por el Instituto Nacional Forestal (Inafor), abre la puerta para el aprovechamiento no solo de la madera tumbada por los huracanes Eta y Iota, sino del bosque en pie, advierte Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, quien expresa el temor que “la mafia maderera y la industria maderera continúen con el saqueo” de los bosques.
Ruiz expresó, que no hay elementos técnicos que justifiquen esa resolución lo que manifiesta «que fue una decisión política y no una decisión técnica”, con la que supuestamente Inafor pretende beneficiar a las poblaciones afectadas por los dos ciclones.
En su resolución Inafor menciona que será aprovechado el recurso forestal afectado previa inspección y autorización de parte de una comisión interinstitucional. Y está referida al Caribe Norte, sin incluir el municipio de Waslala , La Cruz de Río Grande y la desembocadura del Río Grande, San Juan de Bocay y Wiwilí, Jinotega.
Ruiz menciona por ejemplo, que la resolución no tiene elementos técnicos para una justificación “de cuántas casas se necesitan construir, cuántos metros cúbicos de madera requiere cada casa”, para contar con cifras de cuánta madera es la que necesitarán.
Por ellos es que Ruiz, dice que esta es “una resolución que se abre a la explotación y sobreexplotación del recurso forestal. Primero no hay ningún estudio de valoración del impacto ambiental de Eta y Iota en esa zona. Es decir, no sabemos exhaustivamente cuánto es los recursos forestales que están tumbados, cuántas áreas protegidas, cuánta área fue afectada en términos de bosques, en términos de ecosistemas , por tipos de ecosistemas”.
En un informe preliminar sobre pérdidas y daños presentados este miércoles por funcionarios del régimen al cuerpo diplomático acreditado en el país, agencias internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en lo relativo a ambiente, señala que las pérdidas fueron de 141 millones de dólares, con más de 3.1 millones de hectáreas de bosques expuestos por ambos huracanes, así como 44 reservas expuestas de las cuales 17 están ubicadas en las zonas de mayor impacto.
Igualmente estima un poco más de un millón de toneladas de Dióxido de Carbono liberado a la atmósfera en pérdidas y en unas 2,594 hectáreas fue contaminada el agua superficial por inundación.
Ruiz apuntó que “los antecedentes que tiene el régimen con el impacto del huracán Félix en 2006 y aprobación de una resolución en 2009, para el aprovechamiento de madera, generó todo un proceso de deforestación de bosque tumbado y bosque en pie en esa misma zona, porque el Félix impactó en esa misma zona desde la Laguna de Layasiksa».
Ruiz advirtió, que con la resolución de Inafor el régimen permitirá aprovechar el bosque en pie “que se supone tiene una afectación del 50 % , pero no hay nadie que te diga cuánto es efectivamente si es el 50, si es el 20, el 30 o es el 60. Es decir al final eso va a ser una fuga o una puerta para el aprovechamiento del bosque en pie, es decir no solo tienen permiso de aprovechar lo tumbado sino el bosque en pie”.
“Cuando ves los requisitos, ninguno de esos requisitos lo puede cumplir la gente que perdió su casa, entonces la lógica es que una empresa llegue haga todo eso, le venda al Estado la madera y utilizan la madera procesada por esa empresa, para la reconstrucción de esas casas. Pero en ningún momento la prioridad ha sido involucrar a las familias para la utilización de esas maderas y realmente lo que necesita la familia es que le permitan tumbar el árbol que cayó al lado donde está la casa, para aprovecharlo y hacer las tablas”, expresó Ruiz.