Fotografía: Manuel Esquivel
A un año del estallido, Nicaragua sangra. La población aún no ha podido superar el luto por los asesinados, persiste el reclamo por la libertad de los secuestrados en las cárceles del régimen y, espera con ansias el retorno de miles de personas que fueron obligadas a escapar para no ser asesinadas o encarceladas.
A un año de iniciada lo que han llamado la resistencia pacífica, la crisis sociopolítica en Nicaragua se ha agravado, pues el régimen ha extremado sus acciones de irrespeto a la plena vigencia de los derechos y garantías de la población, pues no solo ha prohibido toda demostración cívica, sino que mantiene el asedio en las calles por sus fuerzas de seguridad. Y la Policía del régimen retuerce las leyes para justificar esa prohibición a marcha o cualquier otra expresión de manifestación cívica.
La población está en total indefensión, a diario debe vencer el asedio, hostigamiento de las fuerzas del régimen y los que están en las cárceles el acoso y maltrato de los funcionarios de las penitenciarías.
Dos de los organismos de derechos humanos nacionales dejaron de brindar acompañamiento a las víctimas, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos(ANPDH) porque la mayoría de sus miembros fueron obligados al exilio y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por cancelación de su personería jurídica, mientras un posible retorno de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), es visto como una propuesta sin respuesta.
El 18 de abril del 2018 marcó un antes y un después en la historia reciente de Nicaragua. La juventud que ya había despertado con el incendio de la Reserva Indio Maíz, tan solo unos días antes, rompió el silencio a tanta violencia que había callado durante once años. Esta vez, la causa fueron las reformas de la seguridad social.
Al ataque del plantón le siguió otro frente a la Universidad Centroamericana (UCA) adonde muchos de los jóvenes intentaron protestar, pero también fueron atacados por los fanáticos orteguistas aún con presencia de la Policía.
Amparados en la oscuridad y protección de la Policía del régimen, los grupos de fanáticos orteguistas golpearon con furia al grupo que había osado salir a la calle y realizar un plantón en el sector de Camino de Oriente, en rechazo a las anunciadas reformas que meses después fueron aprobadas por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional. Durante once años, el régimen había mantenido un control de las calles con los llamados grupos de choque.
Las imágenes de esa noche fueron escandalosas, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas habían sido las principales víctimas de los ataques de los fanáticos orteguistas que les golpearon con garrotes y tubos frente a una Policía pasiva. A esa noche le seguirían días más trágicos que terminarían con asesinatos a la luz del día tras ataques a mano de paramilitares que hacían uso de armas de guerra de alto calibre.
El 18 de abril se encendió la chispa de la resistencia cívica que no ha cesado y que ha sido reprimida a sangre y fuego por la Policía y paramilitares del régimen. A los plantones le siguieron las ocupaciones de recintos universitarios como la Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Politécnica (UPOLI) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Los tranques en las principales vías y carreteras del país y barrios de Managua fue otra forma de protesta encontrada por la población autoconvocada, para manifestar su descontento con el régimen ante los hechos de violencia. No hay un consenso en cuanto a la cifra de asesinados, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registró 325, la ANPDH en Costa Rica, registra más de 500 asesinados y más de mil desaparecidos, que es un tema poco abordado.
Con motivo del tercer Examen Periódico Universal (EPU), al que le corresponderá ser sometido al Estado de Nicaragua en mayo próximo, el régimen mantuvo su discurso de intento de golpe de estado, el cual ha sido rebatido por organizaciones como la CIDH y OACNUDH, y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estimó que el régimen incurrió en delitos de lesa humanidad.
El exilio fue la respuesta a la persecución
La existencia de los tranques, fue la mejor excusa que encontró el régimen para reprimir a quienes se manifestaron pacíficamente en su contra y sin importarle los resultados devastadores impulsó la llamada Operación Limpieza donde las ciudades más masacradas fueron Masaya, Diriamba, Jinotepe, Jinotega y Sébaco y el empalme de Lóvago.
En Masaya, Diriamba y Jinotepe hubo mayor arremetida contra los templos católicos y algunos de sus sacerdotes. Pero el ataque más cruento ocurrió contra el templo Jesús de la Divina Misericordia, en Managua, donde se habían replegado los universitarios que habían escapado de la UNAN-Managua tras su desalojo. Dos jóvenes fueron asesinados durante ese ataque.
Tras la llamada Operación Limpieza, miles de manifestantes, incluso los que colaboraron con alimentos, fueron asediados, hostigados y amenazados, por lo que se vieron obligados al exilio forzado. Costa Rica es uno de los países con mayor acogida de refugiados, una investigación reciente de la Fundación Arias conoció que la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica ha recibido la solicitud de refugio de 63 mil nicaragüenses.
Víctima de turbas orteguistas
Una de las primeras víctimas del 18 de abril, fue Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y defensora de mujeres. Ella fue una de las que con más saña fue tratada por el régimen.
Quirós acostumbrada a organizar actividades y marchas vinculadas a la defensa de las mujeres, ese día se sentía un tanto despreocupada, porque se trataba de un plantón del cual no tenía responsabilidad, más que como una autoconvocada contra las reformas a la seguridad social. “Nunca imaginé que las cosas iban a darse como sucedieron y que me iban a atacar”, comenta Quirós desde el exilio.
Quirós fue golpeada cuando ella buscaba como proteger a otra persona cuando era atacada. Fue en ese momento que “alguien me identificó y se dirigió hacia mí, con una rama de árbol me da un golpe en la cabeza, yo me agarro la cabeza con la mano derecha, y en ese momento otra persona con un tubo me da por detrás y me dan varios golpes”.
La imagen de Quirós con el rostro ensangrentado y tirada en el suelo, circuló de inmediato por las redes sociales. Después de un año, Quirós destaca que en esos momentos “no medís las posibles consecuencias”, y pone de ejemplo, un caso que conoció sobre una persona que ese mismo día fue golpeada también en la cabeza y fue conducida al hospital donde tras suturarle la herida la devolvieron a su casa.
Dos días después esa persona comenzó a convulsionar, porque se le había hecho un coágulo en la cabeza “y eso le dejó secuelas graves hasta el día de hoy”.
En su caso, Quirós tiene limitaciones para el uso de la mano derecha, pese a que ha sido sometida a tres operaciones, uno de los dedos le quedará sin capacidad de movimiento, otro dedo es posible que lo recupere, pero todavía tiene que seguir haciendo fisioterapia.
Golpeada, despojada de su nacionalidad y expulsada
Quirós de origen costarricense fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y expulsada a su país en una resolución exprés, después que esta cuestionó la decisión del régimen de prohibir la marcha con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.
El régimen Ortega Murillo ha mostrado diferente comportamiento con otros ciudadanos con el mismo estatus migratorio que Quirós, como es el ciudadano Alessio Cassimirri, pese a que el Gobierno de Italia ha solicitado de forma reiterada su extradición. O le ha dado abrigo al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes reclamado por la justicia de su país.
El centro CISAS, que dirigía Quirós fue una de las nueve organizaciones a las que el régimen a través del Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica,
Desde Costa Rica, Quirós no pierde la esperanza del retorno junto a miles de nacionales. “Yo creo que lo que viene definitivamente tendrá que ser mejor, aunque estemos viviendo momentos difíciles”. Aunque la activista aclara que para los exiliados los días pasan entre “un vaivén de sentimientos”, pues hay momentos que experimentan alegría, entusiasmo, “y por otro inseguridad y deseos de que todo termine”.
La muerte del bebé que el cielo lloró
Ese fatídico 23 de junio de 2018, Nelson Gabriel Lorío Sandoval lo recuerda con dolor, porque fue cuando un francotirador con una bala le arrebató la vida a su pequeño Teyler Lorío, de 14 meses. “Ese día pedía auxilio y nadie salió. Después empezó a llover. Como que el Señor estaba llorando”, explica Lorío.
El desgarrador pedido de auxilio de Lorío, no tuvo respuesta por el temor de la población del lugar que al igual que los habitantes de otros barrios orientales habían amanecido militarizados, como parte de la llamada Operación Limpieza.
La Policía no solo patrullaba constantemente las calles de esos barrios en busca de manifestantes, sino que habían colocado francotiradores que disparaban a matar a todo movimiento de pobladores en las calles.
Lorío recuerda que después de lo que él tipifica como “infanticidio” por el cual responsabiliza a Daniel Ortega y Rosario Murillo quienes dice deben ser sometidos ante la justicia, fueron asesinadas otras cinco personas más, ese mismo día en los barrios aledaños.
Lorío sostiene que fue un francotirador de la Policía el que disparó contra su bebé momentos después que él había descendido de un vehículo procedente del sector del Iván Montenegro y se introdujo en el sector de las Américas Uno, que al igual que los barrios orientales llevaban muchos días trancados con barricadas y, esa madrugada habían sido ocupados por fuerzas especiales de la Policía, que ejecutaba la Operación Limpieza.
A la familia de Lorío la Policía ha intentado convencer que fueron manifestantes que permanecían en los tranques quienes mataron al bebé, que también le quitaron la vida a dos policías, lo que este califica de “falso”, porque ese día no fueron asesinados policías, solo civiles.
Acoso y hostigamiento
Al igual que Quirós, Lorío junto a su esposa Karina Alejandra Navarrete y su niña de 8 años, debieron recurrir al exilio forzado, ante el acoso y hostigamiento que sufrían, después de denunciar el crimen de su bebé, cuya muerte fue manipulada con un dictamen del Hospital Alemán Nicaragüense que determinó como causa de muerte “sospechas de suicidio”, pese a que el bebé solo contaba con 14 meses.
A un año de iniciada la resistencia pacífica, Lorío se reconoce un autoconvocado. Desde el 18 de abril se unió a las diferentes expresiones de protesta, la que inició en solidaridad con las personas de tercera edad afectadas con las reformas del Seguro Social y luego continuó manifestándose al ver la impunidad con que fueron asesinados jóvenes integrados a las protestas. Uno de los primeros asesinados que Lorío trae a su memoria, fue su vecino de las Américas Uno, Darwin Urbina, asesinado en las cercanías de la UPOLI.
“Al ver a ese muchacho (asesinado) me indignó, él venía del trabajo igual que yo”, rememora Lorío, quien señala que la última marcha en la que él participó fue la del 30 de mayo, el Día de las madres, donde “vi morir a Orlando Córdoba y a otros”, una de las víctimas de esa masacre y a otros vecinos más, “igual miré a doña Haydee Córdoba llorando y sentí algo y me retiré”.
Perseguido por civiles en motocicletas
Después de la muerte de su bebé Lorío “sentía temor”, pues aún cuando iba a comprar a la venta era perseguido por un motociclista vestido de civil. En agosto buscó refugio en Costa Rica y en noviembre lo hizo su esposa y su hija, donde han pasado una serie de limitaciones. Pero a pesar de todo dice que no se arrepiente. Aunque el miedo lo sigue acompañando pues teme por su hija ya que sabe que en ese país “hay bastante paramilitares”.
A eso se suma el asedio que la Policía ha mantenido con su padre y hermano, Jaime Eduardo Lorío Beteta y Jaime Eduardo Lorío Sandoval, respectivamente, quienes aún permanecen en Nicaragua. En marzo pasado su hermano fue secuestrado, golpeado e interrogado por varias horas en el Distrito Siete de la Policía. A su padre lo han citado varias veces a la delegación policial.
En retrospectiva, Lorío analiza desde el exilio que él había sido objetivizado por los CPC de su barrio. Una semana antes de que perdiera a su bebé, el 16 de junio a las 6:00 a.m., despertó y salió a la esquina de su casa “a ver cómo estaba la situación”, pues todos esa zona estaba rodeada de barricadas, y pudo observar la humareda.
Era el incendio en la casa del señor Óscar Pavón, del barrio Carlos Marx, distante un barrio de por medio del Américas Uno, donde habitaba Lorío, junto a otros vecinos corrió a ver lo sucedido “y la misma Policía nos estaba tirando a matar, no dejaba que nos acercáramos”.
Al final logró ver a la familia que fue asesinada, al quemar la casa con ellos adentro, seis en total entre ellos dos bebés, “y eso me puso traumatizado, en el momento yo no quise hacer nada, más que ir a abrazar a mi hijo (…) y le decía que lo amaba, sin saber que en la siguiente semana me iba a pasar a mí”.
“Eran noches terribles”
El padre Augusto Gutiérrez, sacerdote del Colegio Salesiano de Masaya, encargado de la Pastoral Juvenil de la iglesia de San Sebastián, fue obligado al exilio, tras el asedio al que fue sometido por policías y paramilitares. Sus superiores fueron informados de planes en su contra, de intento de asesinato o de detención para ser acusado por financiamiento al terrorismo, pese a que, durante los días de mayor zozobra y violencia, asistió por igual a heridos de los manifestantes, como de la Policía.
Por la ubicación del colegio, , Gutiérrez vivió de cerca la represión del régimen contra los habitantes de Masaya, y en particular contra Monimbó considerado uno de los barrios más combativos de Nicaragua.
“Lo que a mí me conmovió desde el principio fueron las madres, el llanto de ellas, muchas conocidas porque son vecinas de nosotros, en Monimbó, y también ver a los muchachos defendiéndose con latas, láminas de zinc con piedras con morteros”, expresó el sacerdote quien sustrae de sus recuerdos, casos de heridos como al de uno de ellos a quien una bala le quedó alojada en la cabeza y no lo pueden operar; así como al que la Policía le vació el ojo con una bala de goma.
“La Policía les disparaba. Eran noches terribles: bombas, balaceras, eran noches de angustia, heridos, después nos tocó celebrar incluso el funeral de algunos de los muchachos asesinados por la Policía”, expresa Gutiérrez, tras recordar a uno de ellos Darwin Potosme, a quien conocía porque era del Oratorio.
“Fíjese que es un dolor muy grande (…) y era muy duro para mi tener que celebrar esa Eucaristía de jóvenes con un futuro prometedor y verlos muertos con tanto sufrimiento para su mamá”.
Sobre lo que fue su labor, durante los días más crudos de la represión, el padre Gutiérrez la resume como humanitaria y espiritual, pues mientras los jóvenes mantuvieron las barricadas levantadas para defenderse del ataque de la Policía, como sacerdote le correspondió distribuir la ayuda alimenticia que les llegaba de parroquias, de la Catedral de Managua y de parte de personas que de forma directa se las hacían llegar.
Igual pasó con los puestos de salud que levantaron para atender a los heridos, pues en el hospital les negaban la atención a los manifestantes, similar a lo sucedido en diversas ciudades del país y que el caso más emblemático registrado fue el ocurrido el 20 de abril con el adolescente Álvaro Conrado, quien en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fue impactado por una bala en el cuello, cuando ayudaba con agua a los universitarios que eran reprimidos por la Policía. El primer centro adonde fue conducido fue Cruz Azul, que le negó la atención de emergencia.
“Nosotros no somos iguales a ellos”
El caso que más me golpeó a Gutiérrez, fue cuando un policía fue retenido y la población lo quería linchar. Gutiérrez dejó la celebración de la misa, para salir a la placita de Monimbó y entre “el tumulto” se introdujo para proteger la vida del policía y les recordó: “nosotros no somos iguales a ellos”.
“La gente con el dolor de las muertes civiles estaban enardecidos contra la Policía”, apunta el cura, quien recordó la exhortación que les hizo a los líderes de la protesta: “tenemos que defender la vida de él y entregarlo a la Policía”.
Fue así, como al día siguiente junto al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez y el cura párroco de San Miguel, padre Edwin Román, lo entregaron a la Policía y pidieron un intercambio de jóvenes detenidos.
También a Gutiérrez le tocó proteger a otro policía, a quien los manifestantes habían retenido en Niquinohomo y lo llevaron a Monimbó. Luego supo que a quien había protegido, era a un miembro de la seguridad de la entonces jefa de la Policía, Aminta Granera.
Después de la Operación Limpieza, a mediados de julio el cura superiores del cura fueron advertidos por funcionarios del régimen de planes de asesinato o secuestro en su contra, por lo que surgió la necesidad de sacarlo del país. Fue así que salió ilegal, de forma clandestina a Honduras, a través de zonas montañosas en la frontera norte, lo único que llevaba consigo fue una bolsita que contenía un cepillo de dientes.
Los dos primeros meses pasó en Honduras tiempos bien duros, luego siguió a Guatemala donde trabaja en una parroquia junto a la comunidad salesiana. Desde allí sigue en comunicación con su gente en Masaya, pendiente de lo que ocurre, pues dice: “me duele estar fuera de Nicaragua, espero volver pronto primero Dios (…) a trabajar por Nicaragua y el evangelio”.
Sin embargo, en Nicaragua abril parece haberse detenido, la crisis sociopolítica recrudece y el régimen Ortega Murillo no parece ceder a ninguna de las demandas de los Azul y Blanco.