El observatorio del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio denunció “el riesgo inminente” en que permanecen los privados de libertad en el país, especialmente 96 personas presas políticas “ante la negligencia e irresponsabilidad del Estado” para responder ante la pandemia de COVID-19.
“La falta de implementación de medidas de protección ante la pandemia constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, sometiéndoles a tensiones y estrés constante ante la posibilidad del contagio”, refiere ese Colectivo en el primer informe sobre tortura y tratos crueles emitido por el Observatorio y que fue presentado por el abogado Salvador Marenco.
En su informe, el Colectivo recuerda que entre febrero y marzo de 2020 abogados defensores de personas presas políticas presentaron 21 escritos ante diferentes autoridades judiciales de Managua, Tipitapa y Masaya, y dos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para solicitar la autorización de ingreso de productos de limpieza y cambio de medidas privativas de libertad. Sin embargo, estas solicitudes fueron engavetadas.
Caso de Uriel Pérez
Hasta ahora, el caso por enfermedad por sospechas de COVID-19 que ha trascendido es el del preso político Uriel Pérez, quien fue sacado de emergencia de su celda en La Modelo y fue llevado al Hospital Alemán Nicaragüense, donde lo intubaron por aparente coronavirus.
El Colectivo recibió información que un par de semanas antes que lo internaran Pérez presentó un cuadro diarreico, fiebre y tos seca y al pasar consulta con los médicos del penal solo le recetaron acetaminofén.
Y una vez que su estado de salud se agravó, agentes penitenciarios lo sacaron de la celda y lo trasladaron en una buseta, pero durante todo el traslado fue esposado a una camilla.
Según esta información, el traslado al hospital se realizó de forma lenta procurando que el preso político Pérez no sobreviviera.
A mediados de mayo, los familiares de los presos políticos Denis Javier Hernández Palacios y Gabriel Ramírez Somarriba, ambos recluidos en el Penal de Granada, denunciaron que ellos presentaban síntomas de COVID-19, sin que recibieran atención médica.
Debido a estos múltiples contagios, el 20 de mayo del corriente año el Colectivo solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Denis Antonio García Jirón.
En la solicitud expresa que desde el 27 de abril a la fecha, García ha presentado «un fuerte cuadro febril, dificultad para orinar, falta de apetito, falta de fuerzas a nivel general, fuerte dolor de cabeza, mucosidad, tos y resequedad en la garganta, sin embargo, no ha recibido atención médica ni han dejado a su familia ingresar medicamentos. La celda donde se encuentra confinado es compartida con otras 26 personas, aun cuando su capacidad natural es para 8 personas».
El Colectivo conoció también que Rafael Rivera Avendaño se encontraba recluido en las celdas preventivas de Rivas desde el 6 de octubre de 2017, con causa tramitada en el Juzgado Distrito Especializado en Violencia.
Un fallecido
En el centro los familiares fueron informados que había sido trasladado de emergencia al Hospital Gaspar García Laviana, donde falleció a las 3:20 a.m. del 31 de mayo, aparentemente de COVID-19. Los familiares de Rivera fueron obligados a enterrar el cadáver inmediatamente, señala el Colectivo en su informe.
Entre finales de abril e inicios de mayo los privados de libertad del Centro Penitenciario “Jorge Navarro”, más conocido como La Modelo, fueron conducidos a un seminario con agentes penitenciarios para supuestamente informarles sobre el nuevo coronavirus COVID-19, sin embargo, la capacitación duró unos 5 minutos y según comentarios de reos a medios de comunicación los funcionarios les hablaron de dónde venía el virus y que acá en Nicaragua “no había nada de eso”.
Amnistía Internacional denunció el 9 de mayo que al menos 12 personas presas políticas se encontraban con síntomas de COVID-19 y no recibían atención médica, por el contrario, las condiciones de insalubridad se mantuvieron.
El 18 de marzo ante el anuncio de haber detectado el primer caso positivo de COVID-19 en Nicaragua, organizaciones de víctimas solicitaron la liberación de las personas presas políticas para evitar que se contagiaran dentro de los centros penitenciarios.
A estas peticiones se sumaron las denuncias de madres y familiares de presos políticos, quienes expresaron que aunque han llevado alcohol en gel y mascarillas en el penal les dijeron que no estaba permitido el ingreso.
Igualmente recuerda que el 8 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) emitió un comunicado de prensa a través del cual expresa preocupación por la situación de los presos políticos.
La Comisión señala en esa ocasión que, en el marco de la crisis de derechos humanos que persiste en el país, al menos 60 personas aún permanecen privadas de la libertad como represalia a su participación en manifestaciones antigubernamentales, acusadas de delitos comunes, en procesos arbitrarios e ilegales, varias de ellas presentan factores especiales de riesgo, como edad avanzada o problemas de salud, más allá de las precarias condiciones penitenciarias en las que se encuentran.
Situación persiste
Hasta el lunes el abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, considera «gravísima» la situación de los presos políticos pues al igual que los reos comunes están en hacinamiento, en pequeños espacios donde deberían estar de tres a cuatro presos hay 10 o más.
A esto agregó Montenegro, la situación de insalubridad, no les permiten la mascarilla, aunque dijo que en los últimos días cuando son llevados a los tribunales los presos políticos llevan alguna mascarilla de tela, «aunque no presentan mucha seguridad».
Y cuando son conducidos en los tribunales no existe ninguna medida de prevención higiénica para los presos políticos, pues no cuentan con alcohol gel por ejemplo. Pese a que Montenegro recordó que en los Juzgados de Managua ha fallecido tanto personal como abogados litigantes por sospechas del COVID-19.
A su vez, dijo cuando los presos políticos están en celdas de Máxima Seguridad reciben visitas cada mes, por tanto no hay capacidad de que les ingresen materiales de prevención.