Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante una actividad partidaria. Fotografía: Manuel Esquivel.
En un escrito de 20 páginas que recopila las violaciones constitucionales y derechos humanos en Nicaragua, 25 organizaciones buscan demostrar a los representantes permanentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ilegitimidad del régimen.
El escrito dirigido a los cancilleres y embajadores permanentes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y al secretario general de esa organización, Luis Almagro, que ya han entregado ante varias representaciones diplomáticas, explican sobre la crisis sociopolítica, económica y sanitaria profundizada a raíz de abril de 2018 a la que ha sido sometida la población nicaragüense, así cómo el régimen ha violentado flagrantemente la Constitución Política de Nicaragua y las leyes de la República.
El escrito señala que el régimen “ha sometido a punta de fuerza, sangre, dolor y muerte”, a miles de nicaragüenses, en lo que califican de un “lavado de legalidad, fraudes y delitos electorales, con apariencia de legitimidad pero sobre una cadena irregular de violaciones a disposiciones legales y constitucionales para lograr una reelección ilegítima, a lo que se suma la ilegitimidad en el ejercicio reflejada en el amplio informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA”, que investigó hechos acaecidos hasta el 30 de mayo de 2018.
Posterior a esa fecha señalan los firmantes en el escrito en el país han sido recurrentes los casos de asesinatos, encarcelamientos ilegales, desapariciones forzosas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, persecución, asedio, intimidación, agresiones, acoso, amenazas y otros crímenes graves contra los derechos humanos fundamentales.
En el mismo les dicen a los representantes ante la OEA que la comunidad Internacional está obligada a intervenir en estos caos de graves violaciones a derechos humanos a fin de mantener o restablecer la democracia, la estabilidad regional, el respeto a los derechos humanos , la justicia y la Paz continental.
Y le dicen a los diplomáticos que existe suficiente documentación relacionada con la cadena de ilegitimidades de origen, de ejercicio del régimen, con lo cual «la comunidad hemisférica debería sino aplicar la Carta Democrática Interamericana por ahora, al menos declarar la ilegitimidad del régimen sandinista y condenar la sistemática, sostenida y agresiva cadena de violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
A través del mismo solicitan a los embajadores en la OEA que valoren la oportunidad de emitir y aprobar una Resolución con mayoría simple de al menos 18 votos de la Asamblea General, de Octubre 2020, donde además de condenar las violaciones a los derechos humanos se declare la ilegitimidad del régimen Ortega Murillo.
Entre las referencias relacionados con la actos ilegales del régimen mencionan el Decreto 3-2010, firmado por Daniel Ortega, en el que dispone la prórroga del período de funcionarios de los diferentes poderes del Estado, cuando la constitución establece que es función del Poder Legislativo, con lo que violentó los artículos 182, 183, 129, 130,138, de la Constitución.
Este decreto además de otros funcionarios de los otros Poderes del Estado, prorrogó los períodos en funciones ilegalmente, entre otros a los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, los que ejecutaron un plan para llevar a cabo la llamada sentencia 504, para permitir la reelección carente de toda legalidad, explica el escrito.
La utilización de un artículo transitorio en la Constitución de 1987, por parte de la Asamblea Nacional para sostener en sus cargos a funcionarios de instituciones del Estado, una solicitud presentada el 15 de octubre del 2010 ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), de certificación de la no aplicabilidad del artículo 147 de la Constitución, para que Daniel Ortega y 105 alcaldes pudiesen ser candidatos a la reelección, también es explicado ampliamente en el escrito.
Igual la respuesta casi inmediata del CSE un día después, argumentando interdicción electoral , ya que el artículo 147 de la Constitución, prohíbe inscribir candidatos a la reelección, que permitió que ese mismo día Ortega y los alcaldes presentan un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, en contra de la resolución administrativa del CSE.
Así como la ilegal sentencia sentencia 504,, emitida el 19 de octubre por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para lo cual agruparon a magistrados y conjueces, sin convocar en debida forma, a la Sala Constitucional, para tramitar dicho recurso de amparo, a favor de las pretensiones reeleccionistas de Daniel Ortega y de los alcaldes relacionados y ordenaron al CSE librara certificación que les declaraba aptos de participar en las elecciones 2011 a los ciudadanos recurrentes.
El escrito aclara que la llamada sentencia 504, no fue más que un informe de un grupo de magistrados que declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución. Y explican en qué radica la ilegalidad: No fue convocada como manda el procedimiento, pues no fueron llamados a integrarse los magistrados propietarios de dichas salas, Iván Escobar Fornos y Sergio Cuarezma Terán, tampoco los suplentes de esa Sala Constitucional, Damisis Sirias Vargas y Gabriel Rivera Zeledón.
«Esa Sala tampoco tenía la potestad de romper el orden constitucional al declarar inaplicable el artículo 147 de la Constitución, mucho menos derogar, ni reformar ninguna disposición constitucional, lo cual solo es resorte de la Asamblea Nacional», expresan las organizaciones.
“Los firmantes de este documento ‘sentencia 504’, atentan contra la Constitución, admitiendo un amparo de manera ilegal, puesto que recurrieron contra un acto presunto y no contra un acto consumado, como lo establece la Ley Electoral, amen que no hay amparo contra la Constitución», señalan.