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Santa Fe, novena comunidad miskita del Caribe Norte con medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), amplió las medidas provisionales para la comunidad de Santa Fe, en el Territorio miskito Wangki Twi Li Aubra, en el Caribe Norte de acuerdo a la solicitud efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó sobre graves hechos de acoso y violencia en contra de indígenas consistentes en amenazas de muerte, el reciente asesinato de un integrante de la comunidad, y fuertes indicios de terceros armados en busca de apropiarse de las tierras comunitarias.

“Tales terceros generarían una fuerte presión territorial hacia la comunidad, quien se vería impedida de acceder a determinadas zonas de su territorio. Todo ello, en el contexto de reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena miskitu y los procesos de saneamiento que tienen lugar en dicha zona”, explicó la CIDH a la Corte IDH.

De esa manera, ese tribunal requirió al Estado de Nicaragua “adoptar las medidas suficientes y necesarias, a fin de proteger la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad de Santa Fe, así como garantizar su participación en la implementación de las presentes medidas”.

A su vez, de acuerdo a lo establecido por la Corte IDH en su resolución el Estado de Nicaragua debe enviarle información  cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, sobre las medidas provisionales adoptadas, así como también remitir esa información también a los representantes y a la CIDH.

Es de destacar que esta es la novena comunidad del Caribe Norte que cuenta con medidas de protección de la Corte IDH, después que el 1 de septiembre de 2016 otorgó las primeras medidas a favor de los miembros del pueblo indígena Miskitu que habitan en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi. Posteriormente a lo largo de estos cinco años fueron ampliadas las medidas de protección a favor la comunidades Esperanza Río Coco, Esperanza Río Wawa, y Santa Clara.

A esto se suman otros hechos ocurridos más recientemente que según la CIDH, que retoma información recabada por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN),  solo entre marzo y abril de 2020 ocurrieron unos tres incidentes de invasión por parte de colonos en la comunidad de Santa Fe.

El último caso considerado el más grave, ocurrió el 14 de junio de 2021 cuando los comunitarios Bonifacio Dixon Francis, de 19 años y Jafeth Dixon Francis, de 17 años, visitaron la finca de su cuñado Fulgencio Alarcón Enríquez, cuando a su regreso  en horas de la tarde escucharon tres disparos y poco después se encontraron con ocho colonos. Uno de ellos les preguntó de dónde venían y tras escuchar su respuesta, disparó contra Bonifacio Dixon provocándole inmediatamente la muerte.

Jafeth Dixon  intentó huir, mientras el resto de los colonos le disparaban. Sin embargo, resultó lesionado y para evitar ser asesinado, se tiró al suelo y permaneció inmóvil conteniendo la respiración, hasta que uno de los colonos gritó “este está muerto” y se retiraron, por lo cual el joven lesionado se vio obligado a pasar la noche en la montaña y, con dificultad, regresar el día siguiente a su lugar de residencia en la comunidad Santa Fe.

El 15 de junio de 2021, cinco miembros de la Policía del Municipio de Waspam visitaron la comunidad Santa Fe con el objeto de realizar diligencias en la montaña donde ocurrieron los hechos en búsqueda. Para ello, obligaron a la autoridad comunal a acompañarlos, así como a 25 jóvenes de la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas. A su regreso, el juez comunal interpuso la denuncia formal por el asesinato del joven Bonifacio Dixon Francis y las lesiones en perjuicio de Jafeth Dixon Francis, sin que los familiares conozcan algún resultado.

Vierten amenazas

Días antes, el 28 de mayo 2021, tres colonos llegaron con un Batú (medio de transporte acuático) cargado de materiales de construcción a la comunidad de Santa Fe y dejaron la carga a la orilla del Río Wangki. Una Asamblea Comunal se opuso a autorizar el tránsito de los colonos, ordenó que retiraran las cargas y dispuso prohibir de forma absoluta su ingreso la comunidad. En respuesta, uno de los colonos responsable de la carga, les amenazó diciendo: “si son muy hombres se van a adueñar de mi carga, allí van a saber quiénes somos”.

El Estado de Nicaragua rechazó que se sigan tramitando peticiones ante organismos por parte de organizaciones como CEJIL y CEJUDHCAN, pues aduce que “no representan legítimamente a las Comunidades Indígenas que alegan representar”.

Además parte del alegato del Estado de Nicaragua ante la Corte IDH fue  que ningún gobierno neoliberal, previo al  suyo hizo “absolutamente nada por el restablecimiento de los derechos y el desarrollo pleno de las comunidades”.

En consecuencia, solicitó a la Corte que “actúe y se apegue a su verdadera misión de velar de forma objetiva y transparente por la legítima protección de los derechos de los pueblos; de lo contrario, seguirá actuando bajo la línea que le ha definido el imperio norteamericano dentro de su política expansionista y agresora a los derechos de los pueblos, y nosotros la seguiremos rechazando”.

Según el Estado de Nicaragua, es  “inconcebible y lamentable la insistencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de seguir lesionando, los más elementales derechos y principios de nuestros Pueblos Ancestrales; quienes se rigen bajo su propia Ley, la que establece con claridad, quienes les corresponde la representatividad de sus territorios y comunidades”.

En ese sentido, rechazó que se sigan tramitando peticiones ante organismos por parte de organizaciones como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.) y CEJUDHCAN, que “no representan legítimamente a las Comunidades Indígenas que alegan representar”. Asimismo, señaló que ningún gobierno neoliberal, previo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, hizo “absolutamente nada por el restablecimiento de los derechos y el desarrollo pleno de las comunidades”.

 En consecuencia, el Estado solicitó a la Corte que “actúe y se apegue a su verdadera misión de velar de forma objetiva y transparente por la legítima protección de los derechos de los pueblos; de lo contrario, seguirá actuando bajo la línea que le ha definido el Imperio Norteamericano dentro de su política expansionista y agresora a los derechos de los pueblos, y nosotros la seguiremos rechazando”.

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