La confusión reina entre los presos políticos que la semana pasada fueron llevados por funcionarios penitenciarios a sus domicilios, debido a que muchos de ellos firmaron rápidamente un documento y desconocen qué medida le aplicaron.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, explicó que también el régimen aplicó medidas que jurídicamente no deberían aplicarse.
Por ejemplo, hay muchos detenidos que sin haber iniciado proceso les aplicaron alguna medida.
Y preguntó Montenegro: ¿Cómo se les puede aplicar medidas a personas que ni siquiera se les ha judicializado los casos? Eso no es posible».
O en el caso del antimotín Julio Espinoza Gallego a quien le aplicaron régimen de convivencia familiar, cuando ese tipo de régimen está en la última etapa del régimen abierto según la Ley de Régimen Penitenciario.
Y para obtener el cambio de régimen, el beneficiado debió haber cumplido una pena significativa, lo que no ha pasado con el antimotín, por tanto en este caso no se aplica la norma.
Aunque el Ministerio de Gobernación a través de su sitio web publicó un listado de cien personas con el cambio de medidas, Montenegro estima que en realidad hasta ahora unos setenta fueron trasladados a sus viviendas.
Montenegro aclaró, que la medida cautelar es aplicada a los procesados y la casa por cárcel implementada, indica que el beneficiado no puede salir a la puerta de su casa.
Mientras que el régimen de convivencia familiar se le aplica a quienes están por cumplir sus condenas y pueden trabajar, estudiar, pero no salir del país.