La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se declaró en alerta permanente ante el aumento del riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico en Nicaragua.
“Continuamos denunciando con preocupación la violencia contra las y los profesionales de la comunicación, así como el estado de impunidad que prevalece ante atentados a su seguridad física, judicial, psicológica y digital”, expresa PCIN a través de un pronunciamiento publicado este lunes, a través del cual señala el cierre forzado de actividades de las organizaciones PEN Internacional Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro “como consecuencia de los efectos antijurídicos de la Ley de Agentes Extranjeros”.
PCIN considera que la suspensión de operaciones de ambas organizaciones representa “un golpe para la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, pues por ejemplo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha trabajado por más de 20 años por garantizar la libertad de prensa y expresión en el país.
“Ejercer el periodismo crítico, investigativo e independiente en el país se ha convertido en una profesión de alto riesgo, y muchos colegas tienen serias amenazas contra su vida, su integridad física y psicológica, FVBCH y Pen Internacional Nicaragua han sido voces críticas y por eso están siendo hostigadas, al igual que los periodistas David Quintana, director de la plataforma Boletín ecológico, la directora de prensa de radio La Costeñísima Kalua Salazar y el director de Radio Darío, Anibal Toruño”, señala PCIN.
PCIN advierte que continuará con la denuncia pública y defensa del derecho de la libertad de expresión y libertad de información y hace un llamado las a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y comunidad internacional “a seguir acompañando a los hombres y mujeres de prensa independiente en esta riesgosa lucha”.
Al finalizar la conferencia a través de la cual PCIN dio a conocer su pronunciamiento, patrullas y paramilitares asediaron a los miembros de la Comisión Ejecutiva.
Este hecho también fue alertado desde las redes sociales por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que urgió al Estado de Nicaragua el retiro de sus agentes. «El Estado debe de garantizar la protección a los hombres y mujeres de prensa de Nicaragua», demandó la ANPDH, quien rechazó el intento de intimidación en contra de la prensa independiente del país.