“El periodismo independiente tiene para rato, para rato en Nicaragua aquí estamos y vamos a seguir estando les guste o no les guste, les parezca o no lo que decimos el periodismo independiente”, sostuvo la periodista Patricia Orozco quien fue citada a declarar ante el Ministerio Público como exdirectora del Programa Onda Local, en la causa abierta por lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Cuando salía del Ministerio Público, uno de los colegas consultó a Orozco: “¿Tiene un mensaje para Ortega?» La respuesta de la experimentada periodista ahora directora de la plataforma digital Agenda propia fue: “¿Quién es Ortega?”.
Ante el fiscal auxiliar que la entrevistó, según dijo, debió responder “40,000 cosas al detalle” entre otras sobre el programa Onda Local, convocatorias, personal que labora, y que en un momento quisieron poner al equipo que coordinaba como trabajadores de la FVBCH, por lo que ella les aclaró que es un equipo autónomo.
Sobre los fiscales aclaró, que estos no son lindos como algunos han dicho, sino que están haciendo el trabajo que tiene que hacer como servidores públicos y en su caso en una ocasión el fiscal llegó a golpearle la mesa cuando no contestó lo que él quería escuchar lo que la llevó a reclamarle: “Un momentito no me golpee la mesa”.
También comentó la comunicadora que aunque llegó con su abogado a estos el fiscal “les dicen que no abran la boca” también comentó que en un momento a ella el fiscal le dijo: “Yo tengo los cheques, entonces le dije yo si tiene la información ¿para qué me citan?”.
A su ingreso a la entrevista Orozco consideró que estos actos que calificó de ilegales que realiza esa institución contra hombres y mujeres de prensa es “porque les chima en el zapato el periodismo independiente”. Y advirtió: “Seguimos de frente informando como es nuestra función como periodista informando lo que realmente pasa en la calle lo que opina la gente lo que pasa en el país”.
Orozco quien por más de 20 años dirigió el Programa Onda Local recordó, que “nunca se había visto que viniéramos los periodistas a hacer fila”, refiriéndose a las entrevistas para una investigación en las cual el Ministerio Público ha involucrado al periodismo independiente de Nicaragua,
Orozco llegó acompañada del abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro quien por varios años se desempeñó como fiscal auxiliar durante la gestión del Fiscal General Julio Centeno Gómez. Montenegro destacó que debido a que el origen de los fondos la investigación se cae pues la ley de lavado de dinero habla de origen ilícito.
Hasta ahora han sido citados en ese caso 12 periodistas y dueños de medios de comunicación entre ellos María Lillly Delgado, Roberto Mora, Argentina Oliva, Amparo Aguilera, Carlos Herrera, Fabio Gadea y Carlos Herrera.
La voz del pueblo representada por el periodismo
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, sostuvo este martes que las intenciones del régimen de involucrar al periodismo tiene que ver con que la voz del pueblo está representada en la voz del periodismo y por lo cual también buscan callarle.
En declaraciones al periodista Cristopher Mendoza, del equipo de Onda Local la defensora de derechos humanos recordó las amenazas vertidas en su momento por el exprocurador Hernán Estrada, quien dijo “’Si Daniel Ortega quisiera, aquí no iba a dejar piedra sobre piedra’, y eso es precisamente lo que está queriendo hacer hoy, no dejar piedra sobre piedra, o queriendo arrasar con todos los periodistas, desanimarlos, desmoralizarlos para callarlos. Pero no los van a callar, porque ellos tienen un compromiso con el pueblo y el pueblo es el que definitivamente no quiere un día más de dictadura en este país”.
Recordó además Nóñez, que desde hace mucho tiempo que como CENIDH han sostenido que en esa institución se fabrican pruebas contra los investigados “coincidiendo con valoraciones de otras instancias. Definitivamente aquí hay un despacho especial junto al despacho de Ana Julia Guido donde se planifica cuáles son los delitos comunes que se las van a imputar a las personas que ilegalmente están siendo llevadas a los tribunales para ser juzgadas como delincuentes comunes cuando son perseguidos políticos”.