Organizaciones pro democracia rechazan combo de iniciativas de ley

Periodistas, uno de los sectores afectados. Fotografía: Cortesía

Un grupo de organizaciones y sectores democráticos expresaron su rechazo contra el combo de iniciativas de ley impulsados por el régimen desde la Asamblea Nacional y un Decreto Ejecutivo que consideran atentan contra las libertades públicas y los derechos ciudadanos.

Estas acciones del régimen, señalan van acompañadas de acciones represivas en contra “ciudadanos opositores cívicos y pacíficos”. Y que consideran son otras evidencia de la falta de voluntad política de parte del régimen para resolver la crisis sociopolítica económica y sanitaria que sufre el país.

Las organizaciones que emitieron el pronunciamiento están: Bloque Democrático, Iniciativa por el Cambio, Ciudadanos y Abogados Democráticos, Frente Unido Democrático, Unidad Patriótica por el Cambio, Gran Alianza Nacional Republicana, Movimiento de Unidad Nacional, Cambio Cristiano Democrático, Mujeres por la Democracia y Movimiento Ciudadanos. Igualmente, Movimiento Social Cristiano, Cristianos por la Democracia, exreos políticos, y juristas independientes, demandan que en la próxima  la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el régimen ilegítimo por la ruptura del orden constitucional y democrático.

Señalan que la iniciativa de Ley de Ciberdelitos,  “reedita el Código Negro”, de la dictadura Somocista, cercena libertades y amenaza con cárcel  y la pretende utilizar como un instrumento para acallar voces.  “Tiene como objetivo de fondo imponer un bozal a los ciudadanos que protestamos a las violaciones de nuestros derechos humanos”. Criminaliza y censura  el uso de las redes sociales, la libertad de expresión, restringe el ejercicio de  la labor periodística y comunicadores.

Mientras con la iniciativa de Ley de Cadena Perpetua el régimen persigue “hacer interpretaciones discrecionales” para perseguir e incriminar a opositores, igual la iniciativa de Regulación de Agentes Extranjeros busca criminalizar y enjuiciar a opositores que trabajan en proyectos o actividades en pro de la democracia, la justicia y las libertades que son financiadas con fondos del exterior.

Esto, indican, “limita los derechos políticos ciudadanos, los expone a eventuales confiscaciones y a penas excesivamente desproporcionadas y ambiguas que solo constituyen otra forma más de restringir derechos y limitar las libertades fundamentales”.

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