En un anuncio de prensa, el Departamento de Estado informó que conforme a la Ley de Libertad Religiosa Internacional, este 18 de diciembre del presente año, volvió a designar a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como “Países que Concitan Especial Preocupación”, conforme a la Ley de Libertad Religiosa Internacional (International Religious Freedom Act) de 1998, debido a que cometieron o toleraron “violaciones sistemáticas, continuas (y) aberrantes de la libertad religiosa”.
Igualmente el Departamento de Estado «renovó la colocación de Comoras, Rusia y Uzbekistán en la “Lista de Vigilancia Especial” (Special Watch List, SWL) para gobiernos que hayan cometido o tolerado ‘graves violaciones de la libertad religiosa’ y sumó a dicha lista a Cuba, Nicaragua, Nigeria y Sudán del Sur», indica la comunicación escrita.
Ningún país debería perseguir a creyentes
Tras apuntar: «Nuestras acciones han sido y seguirán siendo congruentes con nuestra postura en materia de libertad religiosa. Ningún país, entidad ni persona debería poder perseguir impunemente a personas creyentes. Hemos adoptado medidas para impedirlo, y lo seguiremos haciendo en el futuro».
A partir de abril de 2018 el régimen Ortega Murillo la arremetió contra los principales líderes de la iglesia católica a quienes les llegó a tildar de golpistas, templos profanados y el ataque con armas de guerra a la iglesia Divina Misericordia. A esto se suma la persecución a sacerdotes, que ha llevado a varios de ellos al exilio entre ellos al Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez.
Durante el presente año una buena parte de los templos católicos han sido asediados tanto por la Policía del régimen como por paramilitares, entre los casos resaltan el de la Iglesia San Miguel de Masaya, sitiada durante diez días por la Policía mientras en su interior permanecían en huelga de hambre familiares de presos políticos acompañados del párroco Edwing Román.
También está la toma de la Catedral de Managua por fanáticos del régimen, que se identifica como miembros de las llamadas Comunidades de base, que agredieron física y verbal a un sacerdote y una religiosa.