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Nicaragua bajo un estado policíaco expuesto ante sesión extraordinaria del grupo de trabajo del Consejo Permanente de la OEA


La existencia de un Estado policíaco y la criminalización de la protesta, prevaleció entre las exposiciones efectuadas en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para abordar la situación de Nicaragua.

Uno de los expositores fue el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, reiteró su disposición de apoyar técnicamente el proceso de diálogo en la puesta en marcha de los acuerdos que sean alcanzados en materia de derechos humanos.

Hernández manifestó que esa organización ha recibido información preocupante sobre la persistencia de patrones de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que consiste en la continuación de detenciones arbitrarias e ilegales en contra de manifestantes y personas disidentes, la prohibición de protestas sociales, mediante comunicados públicos de la Policía del régimen y la detención preventiva de varias personas.

Hernández manifestó que la CIDH hace suya la demanda de la sociedad civil de una pronta liberación de los presos políticos lo cual “debe ser ordenado, expedito, transparente y otorgando certeza sobre situación jurídica de las personas liberadas”.

“Para la Comisión es imprescindible que la voluntad estatal represente en los hechos la restitución de los derechos humanos y libertades, esto es el cese de la represión y ocupación policial y desproporcionada de los espacios públicos, el restablecimiento de la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, permitir las manifestaciones públicas, dejar sin efecto las órdenes de detención pendientes de ejecutar, las garantías mínimas de seguridad para el retorno de los miles de nicaragüenses perseguidos y exiliados”, sostuvo Hernández.

Igualmente la CIDH llamó al Estado a cumplir con las quince recomendaciones emitidas en mayo del 2018 tras su visita al país y las que fueron formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A su vez destacó, que en la respuesta a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril contra la población civil, el Estado llevó a cabo conductas “que de acuerdo con el derecho internacional podrían considerarse crímenes de lesa humanidad”.

“El grado de articulación entre las fuerzas de represión reveló que las decisiones fueron tomadas por las máximas autoridades del Estado, en ese sentido el Grupo de Expertos recomendó al Estado iniciar una reforma integral de las instituciones estatales que garanticen la no repetición de las violaciones incurridas y establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar que los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril sean juzgados por magistrados que garanticen la imparcialidad”, expuso Hernández.

Y en cuanto a las víctimas Hernández considera que deben tener la posibilidad de participar de cualquier decisión relativa a la implementación de mecanismos y políticas en materia de verdad, justicia y reparación.

Negociaciones estancadas

Otro de los expositores fue Manuel Orozco, quien refirió que desde antes de abril de 2018 le daban seguimiento a Nicaragua, quien destacó que las negociaciones en el país están estancadas, “están en una etapa bastante cruda”, pues únicamente ha habido acuerdos en cuanto a la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Mencionó que Nicaragua permanece en un contexto donde existe un modus operandis de un estado policíaco, donde la población se le ha negado el derecho a la protesta lo que impide a muchos tener la libertad de expresarse aún en su vida cotidiana.

“Este contexto ocurre prácticamente porque hay un serio problema de gobernabilidad democrática en Nicaragua, bajo prácticamente cualquier indicador internacional, el contexto del nivel de democraticidad que puede existir en un país como Nicaragua es bastante mínimo”, explicó Orozco, quien destacó la falta de independencias de los Poderes del Estado.

Igualmente Orozco resaltó que estudios realizados indican que más del 60 por ciento de la población desea “que el país entre en un proceso de negociación” y más del 80 por ciento expresa con preocupación “la severidad de la crisis”, en la que está sumido el país.

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