La fábrica de pruebas de la Policía de Nicaragua

La fábrica de pruebas de la Policía de Nicaragua

La institución actúa como una fuerza política al servicio de los intereses de la familia presidencial, en contravía de su mandato constitucional de proteger sin distingo a todos los ciudadanos.

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Por Julio César López para Onda Local, en alianza con CONNECTAS


La escena atrajo a decenas de curiosos. El cadáver del estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 años, yacía ensangrentado y desnudo en el pavimento desde las primeras horas de la mañana de aquel dos de junio de 2018.  A su espalda, en los alrededores del barrio Rubenia en Managua, su vehículo y otro supuestamente utilizado por sus asesinos ardían hasta convertirse en cenizas. El Instituto de Medicina Legal determinó horas después que la muerte fue violenta y homicida desde el punto de vista legal.

Vera era hijo de ecuatorianos, nacido en New York, con un restaurante en Nicaragua. Dedicarse a ese negocio podía significarle salidas nocturnas en su rutina laboral. Pero la de la madrugada antes de su asesinato fue de otra naturaleza. Celebró su cumpleaños escuchando mariachis hasta que una llamada telefónica, avisándole que un amigo estaba en problemas, lo obligó a salir en su búsqueda sin saber que sería su último viaje, según las versiones de la prensa local. 

De manera sorprendente, cuarenta y ocho horas después de que la embajada de Estados Unidos lamentara los hechos, la Policía de Nicaragua señaló a los supuestos responsables del crimen: Ezequiel Gamaliel Leiva García y Néstor Enmanuel Molina Tiffer. Eran dos desconocidos, cuyos nombres se sumaban al cúmulo de sucesos violentos ocurridos en el contexto de las protestas. Hasta entonces habían muerto 108 personas según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reportados por la prensa internacional. Meses más tarde aumentaría a 328  muertos y más de dos mil heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló el uso excesivo de la fuerza a manos del Estado contra los manifestantes.

Sin embargo, la trama policial que dio por esclarecido el asesinato de Vera se enredó. Los señalamientos contundentes, proferidos por el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe de Managua, se tambalearon a la luz de los hechos. Leiva García se encontraba en coma en el hospital Salud Integral desde el 31 de mayo por una herida de bala que le ocasionaron tres días antes cuando participaba en las manifestaciones. Según la explicación de su padre, Ezequiel Leiva, quien salió en defensa del honor de este mostrando una constancia del centro médico, era imposible que el joven hubiese atacado al estadounidense. Los tiempos no cuadraban. 

El 17 de septiembre Leiva García murió, y el titular de las noticias reportó el fallecimiento de uno de los acusados por el caso. La muerte sería también el destino de Molina Tiffer, el otro señalado por las autoridades y quien sería encontrado sin vida por agentes, en un ataúd, un mes después de la versión policial al requisar un camión. Según la Policía, este fue víctima de un enfrentamiento entre los miembros de una barricada levantada en la zona central del país. El vocero policial, comisionado César Cuadra, dijo que el fallecido fue víctima de “grupos delincuenciales” que se dispararon mientras estaban ebrios.

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