El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, ordenó al régimen,en representación del Estado de Nicaragua, que adopte medidas urgentes a favor de los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Según el comunicado de la Corte IDH, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “requirió al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para evitar daños irreparables y proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los y las integrantes de las organizaciones mencionadas”.
Las medidas provisionales otorgadas para ambos organismos tiene como fin de asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.
El pasado 27 de junio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le remitió a ese tribunal una solicitud de medidas provisionales, donde asegura detalló y aportó pruebas sobre las amenazas recibidas por numerosos integrantes de ambas organizaciones.
“El presidente reiteró que respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como ha señalado la Corte en su jurisprudencia, el Estado tiene el deber no sólo de crear las condiciones legales y formales, sino también de garantizar las condiciones fácticas en las cuales puedan desarrollar libremente su función”, explica la Corte IDH en su comunicado.
Estado debe informar medidas aplicadas
De acuerdo a la resolución el Estado debe informar a la Corte IDH a más tardar el 31 de julio de 2019, sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Y debe garantizar que las medidas específicas de protección sean establecidas con la participación de los beneficiarios “y se evite, en la medida de lo posible, que sean brindadas por los funcionarios de seguridad, que según las y los beneficiarios están involucrados en los hechos”.
En relación al CENIDH, la CIDH informó sobre diversos actos de hostigamiento a los que sus integrantes estarían siendo sometidos, tales como una alegada campaña de descrédito y estigmatización, así como amenazas, seguimientos e intimidaciones.
Además de la destrucción y/o confiscación de bienes de la organización por parte de la Policía del régimen tras la cancelación de la personalidad jurídica de la organización por parte de la Asamblea Nacional ,señala que en el marco de la campaña de desprestigio “se encontrarían referencias a la presidenta del CENIDH (Vilma Núñez) y a otros miembros de la organización, indicando que “la deberían matar junto con todos” y “el diablo los pondrá en una caldera a estos dos y los pondrá a fuego lento para que disfruten su estancia permanente en el infierno estos dos vende patria.
Acoso y amenazas
Igual la CIDH menciona que varios integrantes de la CPDH serían víctimas de acoso, ataques, campañas de descrédito y amenazas realizadas a través de las redes sociales. En particular, con respecto al Secretario de la CPDH, Marcos Carmona, quien a raíz de las amenazas recibidas habría tenido que exiliar a tres de sus hijos.
Mientras que Eduardo Antonio Llanos, promotor voluntario de la organización, habría recibido constantes amenazas y asedio de paramilitares y afines al Gobierno, lo que hizo que tuviera que salir del país en mayo de 2019.
Con respecto a la situación específica de los defensores y defensoras de derechos humanos, el Estado indicó que éstos habrían realizado su labor sin ninguna limitación y negó que existiera una política gubernamental de perseguir, amenazar, hostigar o asesinar a defensores de derechos humanos.
“Señaló además que actualmente algunas organizaciones derechos humanos estarían involucradas en acciones contraria a la ley”, señala la Corte en su resolución tras afirmar que no se habría registrado ninguna denuncia por parte del CENIDH o de la CPDH informando sobre acciones en su contra.
“Por otro lado, el Estado destacó que las resoluciones emitidas por la Comisión carecían de datos suficientes de los beneficiarios para que éste pudiera contactar con ellos y consensuar las medidas de protección”, destaca la resolución.
La Corte IDH aclara que las medidas provisionales se originan en el marco de diversas medidas cautelares adoptadas por la CIDH entre el 11 de noviembre de 2008 y el 8 de agosto de 2018 y que a raíz de la crisis sociopolítica que sufre el país, se ha producido una criminalización y eliminación de la personalidad jurídica de organizaciones nacionales de derechos humanos.