26 países miembros ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobaron una resolución en la que expresan “su alarma ante el reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.
En una sesión extraordinaria, la cual fue objetada y desaprobada por el representante de Nicaragua, Luis Alvarado, al igual que la resolución porque dijo, no había sido solicitada por el Estado de Nicaragua, el Consejo Permanente concluyó que las medidas adoptadas por el régimen Ortega Murillo “no cumplen con las condiciones para unas elecciones libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados Miembros en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo cual pone en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como se están organizando actualmente”.
En la resolución el Consejo Permanente de la OEA condena el arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra los precandidatos presidenciales así como a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y piden la inmediata liberación de los precandidatos detenidos al igual que de todos los presos políticos. Y en sus intervenciones la mayoría de los representantes insistió en la liberación de los detenidos.
Alvarado utilizó una serie de descalificativos para la OEA desde desprestigiada, de estar en rebeldía con los derechos internacionales hasta reiterar el trillado discurso de injerencismo e insistir como ha justificado en otras sesiones que Nicaragua no es una colonia. Igualmente acusó a Estados Unidos de utilizar el chantaje en contra de los miembros de la OEA.
La resolución del CP de la OEA solo fue rechazada por la representación de tres países mientras otros cinco abstenciones “su grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas”.
Ese organismo también insta al régimen “a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”. Y solicita a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten al menos dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General.