Hacinamiento, malos tratos, falta de acceso a servicios de salud, alimentación inadecuada y falta de agua potable, aislamiento destacan entre los principales hallazgos de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.
La CIDH estableció que 1614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018.
De acuerdo a la última información de organizaciones vinculadas con los familiares de presos políticos en el país aún permanecen 118 presos privados de libertad por razones políticas.
Un grupo de jóvenes realizó este miércoles un piquete exprés desde los predios de la Universidad Centroamericana (UCA) y entre otras cosas demandaban libertad para los presos políticos.
La CIDH explica, que el informe fue construido principalmente con los testimonios de las víctimas, quienes denunciaron la grave situación que vivieron, la dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personal y familiar.
El informe apunta que las detenciones incluyeron actos de estigmatización al señalarlas como “golpistas”, ”delincuentes” y “vándalos”, quienes fueron señalados por autoridades estatales y medios de comunicación del oficialismo como responsables de cometer “actos terroristas y de crimen organizado”, aún cuando no habían sido remitidos a la orden de los tribunales.
Es más la CIDH asegura en un comunicado de prensa que los presos políticos han sido utilizados “como objeto de ‘intercambio’ y ‘negociación’ con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil”.
Y en el caso en contra de mujeres “la determinación de patrones comunes en casos de violencia sexual que podrían constituir actos de tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante, que indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones”.
Al tiempo que señala el papel que ha jugado el sistema de justicia nicaragüense en el contexto de la criminalización al facilitar y avalar la persecución judicial y criminalización en el marco de la crisis de derechos humanos en el país.
La CIDH ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la ausencia de registros oficiales que permitan determinar la cantidad exacta de personas que han sido privadas de libertad en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua. Al mismo tiempo, ha instado al Estado a cumplir con su obligación de mantener y publicar información fidedigna sobre las personas detenidas y las víctimas de las crisis.
La Comisión Interamericana ha constatado que, desde el inicio de las protestas sociales, las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense.
La información al alcance de la CIDH indica que las detenciones en el contexto de la represión y criminalización de la protesta han sido realizadas por la Policía Nacional, y, por grupos parapoliciales o terceros armados, los cuales actuarían con frecuencia con el rostro cubierto o encapuchadas y, con un alto grado de apoyo y colaboración de agentes estatales.
“En Nicaragua persiste una práctica sistemática de las afectaciones a los derechos de los familiares consistente en hostigamiento, amenazas, intimidación y denegación de justicia especialmente por la angustia e incertidumbre generadas por las graves condiciones de detención y la toma de represalias contra las personas detenidas”, refiere el informe de la CIDH.
Y menciona además que la CIDH no cuenta con información de parte del Estado que demuestre que ha investigado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas sociales contra las personas privadas de libertad, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y después de la excarcelación.
Tampoco ha recibido información en lo referido al procesamiento y sanción a los funcionarios responsables de las graves violaciones perpetradas, ni respecto a la existencia de un plan de reparación para las víctimas.