A un año de iniciada la represión en Nicaragua “las violaciones de derechos humanos cometidos en ese contexto siguen sin resolverse”, dijo la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, quien demandó la liberación de alrededor de 80 presos políticos y una investigación de las denuncias de torturas o malos tratos a los que algunos han sido sometidos, según denuncias recibidas.
“El Gobierno indicó que ha liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas. Sin embargo, según diversas fuentes, más de ochenta personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención”, dijo Gilmore, en la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la actualización sobre la situación de Nicaragua como fue solicitado en marzo pasado.
Al presentar su informe Gilmore manifestó su disposición de ayudar al régimen para que cumpla con sus obligaciones internacionales y anunció una reunión el 13 de julio próximo en la oficina regional de Panamá a la que asistirá un representante del régimen.
No obstante, durante su intervención en la sesión en Ginebra este miércoles, el representante del régimen, Valdrack Jaenschke, continuó con el discurso que han mantenido en foros internacionales de que en el país no hay persecución, que todos los presos políticos ya fueron liberados y que permiten las manifestaciones, en tanto no pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Pide liberación de todos los presos políticos
Gilmore externó preocupación por la situación de los presos políticos y mencionó el asesinato cometido contra Eddy Montes en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo,el 16 de mayo pasado “presuntamente por un oficial de policía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de policía”.
“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, dijo Gilmore, quien también reiteró el llamado para que sean realizadas “investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.
El acoso, amenazas y ataques a los excarcelados y liberados por parte de la Policía y paramilitares, en algunos casos con el consentimiento de las autoridades, así como que el régimen mantiene la cancelación de las personerías jurídicas de nueve organizaciones de la sociedad civil críticas, a las que tampoco devuelve sus bienes, también fue mencionado en la actualización del informe presentado por Gilmore.
Indicó que a la fecha 442 personas han sido puestas en libertad desde el 27 de febrero de 2019: 336 de ellas bajo medidas alternativas a la detención, mientras que 106 fueron puestas en libertad en aplicación de la recientemente adoptada Ley de Amnistía.
Leyes no garantizan derecho de las víctimas
Aunque dijo Gilmore, 106 presos políticos fueron liberados conforme a la llamada Ley de Amnistía, esa ley en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, como tampoco con la Ley de Atención Integral a las Víctimas, pues “ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”.
Refiere que el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales.
Sin embargo, “Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, sostuvo la Alta Comisionada Adjunta, que externó la preocupación por la falta de incumplimiento por parte del régimen con los acuerdos con la Alianza Cívica que por ejemplo continúa impidiendo las manifestaciones, “en ocasiones utilizando fuerza excesiva”.
Mencionó como ejemplo que durante las protestas registradas entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2019, la Oficina recibió informes de al menos 21 personas heridas, incluidas tres por arma de fuego. Y menciona que según fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas han sido arrestadas por agentes de Policía mientras intentaban organizar protestas en varias ciudades, quienes permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberados sin cargos.
Amenazas y hostigamiento a periodistas
Igualmente que persisten las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, que afecta a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a los medios de comunicación mismo.
“Nuestra oficina fue informada de que los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido amenazados, hostigados y censurados. Dos periodistas prominentes fueron detenidos por más de cinco meses bajo cargos de terrorismo y fueron liberados el 11 de junio de 2019”, refirió Gilmore en el informe quien hizo un recuento de por lo menos 100 periodistas en el exilio.
“Me preocupa profundamente que los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúen siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante”, indicó.
Recordó que la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio y las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse, a su vez, la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.