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Puesto fronterizo de Peñas Blancas convertido en «centro de persecución y de tortura psicológica», dice el CENIDH


En ese puesto fronterizo, indica el CENIDH, los oficiales migratorios «retienen sin motivos ni explicaciones a ciudadanos claramente identificados como opositores, que son objeto de tratos indignos».

El CENIDH denuncia que el régimen implementa una nueva fase de «recrudecimiento del hostigamiento y la persecución», en contra de opositores, con una marcada tendencia a violentar el derecho constitucional de libre movilización de los nicaragüenses.

Y recuerda que de estas violaciones a los derechos humanos han sido víctimas excarcelados políticos, líderes estudiantiles y periodistas. El caso más reciente ocurrió este domingo con Ermis Morales y la expresa política Olessia Múñoz, «quienes permanecieron alrededor de cinco horas retenidos en condiciones inhumanas y cuyo caso fue comunicado de inmediato por el CENIDH al Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por estar Olessia cubierta por medidas provisionales».

El pasado 12 de agosto fue retenido, interrogado y fotografiado el periodista de LA PRENSA Emiliano Chamorro, junto a otras tres personas.

«Como parte de ese patrón de persecución, se continúa secuestrando a diario a ciudadanos opositores y hostigando reuniones pacíficas, y hoy seis mujeres dirigentes sociales fueron detenidas arbitrariamente en Managua por ejercer su derecho a la libre expresión y a la protesta cívica y pacífica», denuncia el CENIDH.

Esa organización que según el artículo 31, de la Carta Magna “los nicaragüenses tienen derecho a circular” y “a entrar y salir libremente del país”, igualmente el artículo 30 establece que “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”. Mientras el artículo 51, establece “el derecho de reunión pacífica (…) sin permiso previo”.

Por tanto, su impedimento es violatorio a los derechos establecidos en la Constitución de la República y que el CENIDH exige al régimen Ortega Murillo sea respetada y «ordene de inmediato el cese de estos abusos contra los nicaragüenses».

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